El sindicato CSIF alerta que los servicios públicos en Zamora están enfrentando una crisis sin precedentes, con un "grave y progresivo deterioro" que ha llevado a que las plantillas queden "vacías" y a una situación insostenible en la provincia.

En respuesta a esta problemática, CSIF urge a la Junta de Castilla y León a que tome medidas manera inmediata para reforzar las plantillas y paliar "el inasumible" número de plazas vacantes, así como para equilibrar "la abrumadora" cantidad de jubilaciones que se avecinan en los próximos años.

Ángel Chapa, responsable del sector de Sanidad de CSIF en Zamora, y David Gómez Miguel, representante de CISF en el sector de la Administración General de la Junta (Agcyl) en Zamora, han hecho un llamamiento en este sentido minutos antes de la reunión del Consejo Sindical provincial de CSIF, convocado por el presidente autonómico, Benjamin Castro.

David Gómez ha detallado que solo en la provincia de Zamora hay 424 plazas vacantes de funcionarios en la Administración General de la Junta, lo que representa aproximadamente el 33% de las plazas totales, siendo especialmente acusado en el grupo C2, con casi un 57% de vacantes. Esta situación se agrava aún más ante la previsión de una oleada de jubilaciones en los próximos cuatro años, donde más del 26% de la plantilla llegará a la edad de jubilación, afectando a 549 empleados de un total de 2.115 trabajadores.

David Gómez también ha resaltado las consecuencias de la falta de personal en una provincia caracterizada por un envejecimiento crónico, como largas esperas para la valoración del grado de Dependencia o retrasos en la tramitación de expedientes sancionadores por delitos medioambientales. Ante esta realidad, se reclama una oferta de empleo público suficiente y ajustada a la realidad.

Por su parte, el responsable de Sanidad de CSIF en la provincia ha alertado sobre la situación en el sector sanitario, donde la falta de personal es alarmante. Ha destacado que, por ejemplo, en Primaria hay 40 médicos que podrían jubilarse "mañana mismo" por edad, lo que supone el 20% de la plantilla, además de 60 plazas vacantes. Esto significa que dos tercios de la plantilla están realizando el trabajo de otros sin recibir compensación adicional, lo que califica como "un dos por uno" para la Administración.

En este contexto, CSIF exige mejoras salariales y laborales, así como una acción concreta por parte de la Consejería de Sanidad para garantizar el reconocimiento de los complementos y el pago adecuado a los residentes de Medicina de Familia durante su formación en áreas rurales. Benjamin Castro, presidente autonómico de CSIF, subraya la necesidad de avanzar en la estabilización y refuerzo de plantillas, la mejora de condiciones laborales y la equiparación salarial, demandando la convocatoria urgente de la Mesa General de Empleados Públicos para abordar estas cuestiones.

Denuncia por el pago de los traslados

Al hilo de estas reclamaciones, Ángel Chapa ha explicado que el sindicato formalizará una demanda ante los Juzgados de Zamora y previsiblemente el resto de provincias, para reclamar el pago de kilometraje a los residentes de Medicina de Familia que trabajan en zonas de difícil cobertura. 

Ángel Chapa ha explicado la situación de estos residentes de Medicina de Familia en Zamora, quienes deben rotar durante varios meses por zonas rurales sin recibir compensación por los gastos de desplazamiento, lo que para CSIF evidencia una grave falta de atención a las necesidades de los profesionales de la salud que trabajan en áreas remotas.

Ángel Chapa ha definido el actual modelo sanitario como "obsoleto, herido, de manera irreversible y sin capacidad de restituirse". Y pone como ejemplo la posible jubilación de hasta 40 facultativos de una plantilla de 200 en el ámbito de la atención primaria de Zamora, lo cual generaría un negativo impacto en la capacidad de atención primaria en la provincia.

El representante sindical también expone la preocupación por el daño moral que están sufriendo los empleados públicos, especialmente en el sector sanitario, como consecuencia de la falta de atención a sus necesidades y condiciones laborales, agravado por la crisis de salud pública provocada por la pandemia.