Izquierda Unida ha pedido explicaciones a la Diputación de Zamora por no haber aplicado la cláusula de reversión a Ecobarcial por los terrenos donde iba a asentarse la biorrefinería en Barcial del Barco. Una inacción que, según la formación, ha dejado a la Institución Provincial con terrenos inservibles que costaron 307.000 euros.

Según IU, el actual presidente de la Diputación, Javier Faúndez, había anunciado inicialmente su intención de alquilar los terrenos a la promotora, "contradiciendo así el plan original de cederlos gratuitamente".

Posteriormente, se anunció que se adjudicarían en concurrencia competitiva abierta al mejor postor. La sorpresa para IU fue que la Diputación se convirtió en propietaria definitiva de los terrenos, a pesar de que los informes técnicos habían recomendado establecer la cláusula de reversión para evitar perjuicios en caso de fracaso del proyecto.

Los terrenos fueron adquiridos en 2022 por 307.000 euros a la empresa Ecobarcial, con el propósito de facilitar la implantación de una industria de biorrefinería multifuncional. Sin embargo, los informes técnicos advirtieron sobre el riesgo de que el proyecto no se llevara a cabo, lo que implicaría un perjuicio económico para la Diputación.

A pesar de estas advertencias, IU recuerda que la Diputación no aplicó la cláusula de reversión en el plazo establecido, lo que significaba que en 24 meses no se hubiera puesto a disposición del promotor de la biorrefinería. Este plazo fue ampliado "inextremis" hasta el 6 de enero de 2023, recuerda IU.

La falta de aplicación de la cláusula de reversión ha dejado a la Diputación con terrenos "que ahora no le sirven para nada" y que intenta vender o alquilar. Esta situación ha sido criticada por IU, que considera que se ha producido un error que ha tenido un coste de 307.000 euros para la Institución, mientras "que sí los necesitan muchos pueblos de la provincia y que se han destinado a adquirir un terreno que no necesita".

IU también señala la responsabilidad política en este asunto, tanto por el perjuicio económico a la Diputación como por la falta de exigencia de explicaciones a la Junta de Castilla y León, que podría haber tenido alguna responsabilidad "en el fracaso del proyecto".