La localidad zamorana de Cerecinos de Carrizal ha sido el escenario de la firma de los protocolos que establecen la colaboración entre la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos para la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal. Estas viviendas serán incorporadas al parque público de alquiler social de la Comunidad, beneficiando especialmente a colectivos de especial protección, con prioridad para familias jóvenes.
Los municipios han acordado ceder inmuebles de su propiedad a la Junta, mientras que la Consejería de Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se encargará de ejecutar las obras de rehabilitación. Estas viviendas se destinarán posteriormente al alquiler social para asegurar el cumplimiento de su finalidad social.
El programa Rehabitare busca incrementar el parque público de alquiler social y fijar población en el medio rural, recuperando inmuebles municipales en desuso. Estos inmuebles incluyen "antiguas viviendas de maestros, médicos, farmacéuticos, cuarteles de la Guardia Civil, escuelas y casas rectorales", como ha recordado el consejero de Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. La intervención del programa no solo optimiza los recursos municipales y restaura inmuebles de valor patrimonial, sino que también revitaliza espacios urbanos y fija población en el medio rural.
El programa también actúa como un motor de reactivación económica y creación de empleo en el medio rural, involucrando a empresas locales en las obras de rehabilitación. Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha explicado que el objetivo es "atraer familias jóvenes a nuestros pueblos, revitalizando la vida local y fomentando la apertura de escuelas públicas, que en Castilla y León pueden funcionar con un mínimo de tres niños". Para Suárez-Quiñones el desarrollo del programa Rehabitare es "un instrumento de lucha" contra la despoblación y que sirve para generar actividad económica.
En la provincia de Zamora, se prevé la rehabilitación de 14 viviendas adicionales con una inversión de 1,5 millones de euros, que se sumarán a las 55 ya rehabilitadas con un desembolso de tres millones de euros. Al finalizar la legislatura, el programa habrá permitido incorporar 69 viviendas al parque de alquiler social, con una inversión total de 4,5 millones de euros.
Además del programa Rehabitare, en Zamora se ejecutarán otras iniciativas de vivienda, como la construcción de 42 viviendas colaborativas para familias jóvenes con una inversión de 5,5 millones de euros, y la construcción de 15 viviendas rurales con un descuento del 20% para jóvenes menores de 36 años, gracias a una inversión de 1,9 millones de euros. También se rehabilitarán 36 viviendas de camineros con una inversión de 4,2 millones de euros en Zamora capital y Puebla de Sanabria. En total, se incorporarán 107 viviendas al parque público de alquiler o venta, con una inversión superior a 13 millones de euros.
Los jóvenes menores de 36 años también pueden acceder a un aval del 17,5% que la Junta ofrece para la compra de una vivienda libre del mercado, así como a ayudas al alquiler, que desde 2014 han beneficiado a 5.476 familias de la provincia con más de 8,3 millones de euros de inversión.
Tras la firma del protocolo, el consejero, acompañado por la directora general de Vivienda, María Pardo, y el delegado territorial de Zamora, Fernando Prada, visitaron una vivienda rehabilitada en Cerecinos del Carrizal. Esta casa, construida en 1940, ha sido reformada con una inversión de 94.792 euros para convertirla en una vivienda moderna y eficiente.
Desde su implementación en 2016, el programa Rehabitare ha rehabilitado 548 viviendas en Castilla y León, con una inversión de 30,21 millones de euros. Para el resto de la legislatura, se prevé la rehabilitación de 134 viviendas adicionales con una inversión de 13 millones de euros, alcanzando así más de 682 actuaciones y una inversión total de 43 millones de euros.
El programa Rehabitare se ejecuta mediante la cesión de viviendas municipales a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que contrata las obras de rehabilitación. Una vez finalizadas, las viviendas son devueltas a los municipios para su oferta en régimen de alquiler social. También se firman convenios con los Obispados para la rehabilitación de casas rectorales y, desde 2022, se cuenta con la colaboración de las Diputaciones para ampliar los objetivos del programa.