La propuesta del CGAE que se encuentra ya en manos del ministro del ramo, Juan Carlos Campo, permitiría, en caso de salir adelante, la puesta en marcha de una primera etapa, a partir del 13 de abril, que habilitaría el trabajo de los funcionarios judiciales durante quince días, a puerta cerrada, sin juicios y con los plazos paralizados, "para poder ir sacando papel atrasado".

La segunda fase, también de 15 días y a puerta cerrada, sin juicios y sin que corrieran plazos, estaría dirigida a que los profesionales pudieran presentar escritos y documentos, para ya en una tercera y última etapa proceder a la reapertura de la actividad con señalamientos y la celebración de vistas orales.

Se trataría, por tanto, de tres fases de quince días cada una para, manteniendo las medidas sanitarias para evitar el contagio por coronavirus, lograr que la Justicia vuelva a la actividad, incluso con otras medidas complementarias como habilitar las tardes o incluso los sábados por la mañana.

"EVITAR EL COLAPSO"

"Se trata de medidas para evitar el colapso de la Justicia, ya que es preciso escalonar debidamente la actividad", explica, en declaraciones a Europa Press, Javier Garicano, quien reconoce que sobre la mesa del Ministerio de Justicia se encuentra también la posibilidad de declarar hábil el mes de agosto, "y respecto del mismo hay posturas encontradas".

En este sentido, Garicano entiende que si el plan de choque "se hace ya y bien" quizá no fuera necesario abrir en agosto. "Yo no creo que sea práctico. El problema de agosto no es declararlo hábil sino que sea efectivo, ya que si lo haces pero la gente se va de vacaciones, con todo el derecho del mundo, no serviría de nada", advierte el máximo responsable de los abogados en Valladolid.

Por ello, Garicano apunta que "o hay consenso generalizado para abrir en agosto, en cuyo caso adelante, o si no quizá sea más operativo el plan que se ha planteado al Ministerio de Justicia para conseguir una reapertura escalonada en los próximos cuarenta y cinco días".