El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, ha pedido ayuda a las organizaciones sociales de la Comunidad para combatir el discurso del odio y para transmitir el mensaje de la necesidad de dar una respuesta colectiva y solidaria y no sectorial al COVID-19.

Durante un encuentro telemático con Cruz Roja, Cáritas, EAPN, ACCEM,Fundación Secretariado Gitano y PROCOMAR, Izquierdo ha reconocido que, aunque el comportamiento de la mayoría social está siendo "ejemplar", sí preocupa "enormemente al Gobierno", en la línea de lo que también detectan estas entidades del tercer sector, un discurso del odio con un "importante eco" en las redes sociales y en algunas declaraciones públicas, que pretende estigmatizar a determinados colectivos.

"Hoy más que nunca es necesario recordar que este virus afecta por igual, independientemente de etnias o circunstancias personales, y que ningún grupo humano debería convertirse en el chivo expiatorio de la propagación", ha manifestado Izquierdo para quien "afortunadamente" los comportamientos insolidarios son "excepcionales".

El delegado del Gobierno ha pedido a estas entidades que traten de trasladar ese mensaje de que es necesaria una respuesta solidaria y comunitaria, colectiva, y no sectorial, "un esfuerzo titánico de toda la sociedad en su conjunto".

Izquierdo ha agradecido a todos los participantes en el encuentro su labor en esta crisis desde el reconocimiento de que llega, "como ocurre habitualmente, a donde no llegan las administraciones públicas".

En ese sentido, el delegado del Gobierno ha destacado especialmente la implicación de estas organizaciones en el apoyo a los mayores aislados sin apoyo familiar, a enfermos crónicos a quienes es necesario hacer llegar sus tratamientos médicos, a las mujeres víctimas de violencia que están confinadas con sus maltratadores, a los colectivos en exclusión social, como inmigrantes irregulares o personas sin hogar, y también a los niños que durante estas semanas de confinamiento no tienen los mismos recursos que otros para acceder a la enseñanza online, a quienes están ayudando a conectarse, incluso facilitando tablets.

"Si uno de los elementos que más garantiza la equidad en la sociedad es la educación no podemos permitir la brecha digital, porque estamos viendo que no todos los centros educativos están igual de preparados para dar formación online a los niños estos días, y no todas las familias tienen los recursos económicos ni capacidades para que los niños continúen con su aprendizaje en estos momentos", ha asegurado.

Para Izquierdo se trata de un tema que hay que resolver desde el convencimiento de que el sistema educativo tiene que incluir a todos y de que la tecnología no puede estar sólo al alcance de algunos.

El delegado del Gobierno ha repasado con los representantes de las entidades las medidas aprobadas por el Ejecutivo dirigidas a los colectivos sociales más desfavorecidos, que se encuentran en situaciones de mayor desprotección que quienes no estaban en situación de riesgo de exclusión social.

Así, además de los fondos destinados a gasto sanitario, equipos de protección e investigación en busca de vacunas o terapias (30 millones de euros en este último concepto), ha recordado las medidas para que las familias sufran menos los efectos de la crisis, como moratoria hipotecaria y de alquileres, aplazamiento de deudas o del pago de suministros.

"El objetivo último es que la economía pueda reflotar lo antes posible y se recupere el empleo para que las dificultades sociales disminuyan cuando la crisis sanitaria se controle, pero mientras tanto, intentamos contener el daño social con la aprobación de 17,6 millones que llegan a Castilla y León en concepto de Fondo Social Extraordinario para reforzar la ayuda a domicilio, teleasistencia y otras políticas quellevan a cabo comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos; y otros 1,7 millones de Fondo alimentario que pretende suplir el cierre de los comedores escolares para los niños que tenían becas de alimentación", ha enumerado.

A eso ha añadido las moratorias de ejecuciones de desahucios, incluso con sentencia judicial, hipotecaria para familias en situación de vulnerabilidad, en alquileres, -en algunos casos con quita de parte de deuda-, y la prestación por cese de actividad para autónomos, también aplicable a las cooperativas, que les garantiza un mínimo deingresos, además de la descarga de cuotas a la Seguridad Social.