El Comité de Empresa de Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades han trasladado a la Inspección de Trabajo los presuntos incumplimientos que se han podido producir en la residencia de mayores de Parquesol, en Valladolid, en el marco de la pandemia de la COVID-19.

El Comité dio traslado el día 31 de marzo a la Inspección de lo que considera vulneraciones de la Ley de Prevención de Riesgos con unas actuaciones que ahora avalan un escrito rubricado por 97 de los 132 trabajadores del centro en el que describen lo ocurrido cronológicamente entre el 11 de marzo y el 18 de abril.

El Comité de Empresa se reunió esta semana y decidió, por unanimidad, esperar a ver si les convoca la Inspección y aportar allí el escrito de los trabajadores, en el que narran cómo se ha actuado en esta residencia, que contaba con más de un centenar de residentes y en la actualidad 90 (más nueve que fueron trasladados desde una privada intervenida en Burgos).

Allí han fallecido 13 personas por COVID-19 o síntomas compatibles, aunque los sindicatos elevan este número a cerca de 20 y hay más de medio centenar de positivos en la actualidad.

Los sindicatos han hecho diferentes comunicaciones a la Gerencia de Servicios Sociales o la Delegación Territorial de la Junta sobre la falta de equipos de protección, que no se hayan repartido a pesar de que se contaba con ello o que ante la falta de restitución de los mismos o se hayan utilizado más allá de lo que se debería, lo que reduce la protección o incluso el reparto al principio de la pandemia de mascarillas caducadas.

Ante la situación generada, en una residencia en la que la directora está de baja y la apreciación de los trabajadores de una actuación que consideran que no fue la adecuada dirigen su escrito al Comité, al gerente de Servicios Sociales y la propia directora.

En el mismo, tras un relato cronológico en el que narran cómo se ha actuado, piden que se hagan test rápidos de detección de anticuerpos a toda la plantilla --tras realizarse esta semana test serológicos a los residentes-- y se pidan responsabilidades por la gestión realizada y el incumplimiento de la orden de sanidad de adopción de medidas en centros de personas mayores y sociosanitarios y de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

CRÍTICAS SINDICALES

Los sindicatos UGT y CCOO han explicado a Europa Press que aunque la situación no es la misma que en los momentos iniciales, "no es la ideal", aún no hay equipos individuales de protección (EPI) adecuados, pero además no se comprende cómo en una residencia más difícil de gestionar como la Residencia Asistida La Rubia de Valladolid no ha habido contagio alguno y en ésta se ha dado esta situación. "Es una constatación de que algo se ha hecho mal", consideran, aunque esperan que más adelante se determinen responsabilidades.

Así, consideran que hubo una actitud que pudo ser "temeraria" y con medidas que se tardaron en implementar, que ha supuesto que más del 60 por ciento de los residentes se hayan contagiado, más de 25 trabajadores estén de baja y hayan utilizado mascarillas caducadas y una directora que terminó por coger la baja, sin que se hayan realizado test serológicos a los trabajadores, de manera que se desconoce quién está libre de coronavirus.

Una de las cuestiones en la que inciden fuentes de CCOO es en el hecho de que se haya utilizado el material más allá del tiempo debido o incluso se haya reutilizado cuando era desechable, cuando se asegura que ya hay equipos de protección, que reconocen que al principio escaseaban y que pudo darse prioridad a los centros hospitalarios.

Los primeros hechos que se describen son los producidos al inicio de la detección de la pandemia, desde el 11 de marzo y hasta el 19 de abril y en ellas se narra cómo se fueron suspendiendo actividades y tomando medidas sin que se informase a los trabajadores o cómo en reiteradas ocasiones pidieron material de protección y se les contestaba que no era necesario o que no se disponía de ello, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, en el que también reflejan falta de otros medios como termómetros (sólo dos) para tomar temperatura o falta de vajilla y carros para llevar la comida a los residentes a las habitaciones una vez que se cierra el comedor, algo que no se hizo hasta el 30 de marzo.

El día 21 de marzo es cuando se produce la primera baja de trabajadores por síntomas compatibles con la COVID-19, las cuales se han ido sucediendo hasta llegar a unas 25 personas en la actualidad.

Entre algunos ejemplos de lo que los trabajadores consideran que no fue la correcta forma de actuar están algunas como la falta de desinfección de plantas que se iban a utilizar como aislamiento o que se les reprendiera el uso de mascarilla porque asustaba a los residentes así como un gasto excesivo de guantes.

Los trabajadores pidieron en diferentes ocasiones medios de protección cuando ya empezaron a fallecer residentes y aseguran que mientras el centro se "refugiaba" en que no había casos confirmados mientras seguían sin tomarse las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, siempre según el referido texto de los empleados.

De la misma forma, señalan la utilización de material con una protección inferior a la recomendada mientras hay contacto continuo y directo con los residentes, la falta de formación e información, así como de equipos que los propios trabajadores consiguen a través de donaciones.

En este escrito detallan que se han reutilizado mascarillas, se han utilizado bolsas de basura para protegerse o se han usado durante más tiempo del debido los equipos de protección e incluso se percibe por parte de la dirección "pasividad" a la hora de tomar medidas serias y cumplir con las recomendaciones, algo que los trabajadores refieren a fecha 27 de marzo.

FALTA DE MEDIDAS

Ya entrado el mes de abril, entre los días 1 y 5 acude la Unidad Militar de Emergencias (UME) en dos ocasiones a desinfectar algunas zonas, pero sigue sin hacerse una diferenciación de zonas "limpias", "sucias" o "de paso", algo que se hace el 12 de abril con una simbología que los trabajadores aseguran desconocer.

Se da la circunstancia de que el día 17, cuando el personal de auxiliares de enfermería recibe buzos --que afirman que la dirección tenía desde cuatro días antes-- se recibe una inspección de prevención de riesgos laborales pero sólo se designa a dos trabajadoras para que hablen con los visitantes y no se da opción a que lo hagan algunas voluntarias del turno.

Además, en su escrito los trabajadores narran cómo tuvieron que atender a residentes que posteriormente fallecieron sin apenas equipos de protección, ataviadas con bolsas de basura en labores como la toma de muestras biológicas, "caos" con cambio de habitaciones de pacientes con síntomas o la realización de tareas de aseo a algún residente con síntomas el mismo día en el que fue evacuado al hospital y falleció.

También explican falta de información sobre los resultados de los test que se hacen a los residentes, el traslado de residentes a zonas limpias a pesar de haber estado con otros con síntomas que podrían haber tenido falsos negativos como los que se produjeron y una prolija relación de las actuaciones con residentes que finalmente perdieron la vida.