El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha reclamado al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, apoyos económicos "específicos y finalistas" al sector del transporte público de viajeros en autobús, regular y discrecional, así como como para el del taxi y mercancías, todos ellos afectados por el COVID-19.
Suárez-Quiñones ha participado por videoconferencia, por segunda vez durante la pandemia, en una nueva reunión de la Conferencia Sectorial de Transportes con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y su equipo ministerial, en la que han participado los representantes con competencia al respecto de todas las comunidades autónomas de España. El objetivo de esta segunda reunión ha sido analizar las medidas adoptadas en movilidad y vivienda a consecuencia del coronavirus y las proyecciones de futuro.
Según han informado a Europa Press fuentes de la Junta durante su intervención, el consejero de Fomento y Medio Ambiente puso de manifiesto la necesidad de establecer un fondo adicional finalista para las comunidades autónomas a fin de contribuir a que estas compensen el déficit de explotación de las empresas del transporte público de viajeros por carretera, que han visto mermados sus ingresos hasta en un 95 por ciento, un "importante" déficit de explotación que se mantendrá, dado que las previsiones son que esté afectado en las próximas meses por determinadas restricciones de servicio, ocupación y con una previsión de no recuperación de la demanda a corto plazo.
Ante esta situación Castilla y León pide un fondo adicional a las CCAA para compensar el déficit del transporte público de viajeros.
Este fondo adicional ha sido solicitado ya por carta por el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el cual manifestó que dicho planteamiento se ha trasladado a la ministra de Hacienda a fin de que se considere la previsión de dicho fondo.
Dentro de las peticiones de ayudas al sector del transporte de viajeros, el consejero Suárez-Quiñones incluyó al transporte discrecional, que ha visto casi desaparecer su actividad. También al sector del taxi, con unas reducciones drásticas de ingresos, siendo un sector de micro-pymes y autónomos especialmente necesitado de ayuda y protección.
Al respecto del sector del taxi, el consejero de Castilla y León solicitó al ministro de España que se dicte normativa para la flexibilización de las exigencias de homologación de las mamparas que se han instalado en muchos vehículos de taxi para la protección de viajeros y conductores ante el coronavirus.
Suárez-Quiñones se mostró partidario de una regulación nacional de las exigencias de desinfección y limpieza de los vehículos de transporte público, si bien Castilla y León se dotó ya el 12 de marzo de una Orden al respecto dictada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la Orden 298/FYM/2020, de 12 de marzo.
Además, el consejero de Fomento y Medio Ambiente aprovechó la conferencia para solicitar al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana incrementar los fondos del Plan Estatal de Vivienda para las nuevas líneas de ayuda a personas vulnerables por el COVID-19 y el resto de medidas de ayuda implantadas por el Real Decreto Ley 11/2020.
También solicitó un apoyo especial desde el Gobierno central a las líneas de regeneración, rehabilitación y renovación urbanas, que fomentan la accesibilidad, eficiencia energética y la seguridad en la vivienda y la edificación, a la vez que son un importante apoyo al sector de la construcción y, por tanto, al empleo, apoyo tan necesario en estos momentos de dificultades económico-sociales derivados del COVID-19. El ministro manifestó que la intención que tenía el Gobierno de hacer un plan de rehabilitación separado del Plan de Vivienda para su potenciación, anterior a la pandemia del coronavirus, sigue estando en la voluntad política del Ejecutivo.
Finalmente, en la misma línea de fomentar el incremento de actividad económica y el empleo en el sector de la construcción, y en concreto de la obra pública, Suárez-Quiñones solicitó al ministro Ábalos que se alzaran las restricciones a la tramitación de los procedimientos de licitación pública de las obras por parte de las distintas administraciones, en lo que coincidieron otros representantes de comunidades autónomas, y que el ministro se comprometió a trasladar al Gobierno para su tratamiento.