La Diputación Provincial de Segovia ha hecho entrega de tarjetas prepago a 389 familias para garantizar el derecho a la alimentación de los 527 niños beneficiarios de las becas comedor, según han informado a través de una nota de prensa.

Las familias destinatarias, todas ellas residentes en municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes, y con entre uno y tres hijos, beneficiarios de una de las becas comedor concedidas por la Consejería de Educación, están recibiendo por correo postal estas tarjetas, cuyo uso es personalizado y está limitado exclusivamente a establecimientos de alimentación, según los códigos de clasificación de comercios.

Junto a la tarjeta, las familias beneficiarias están recibiendo también una carta del presidente de la Diputación y titular del área de Asuntos Sociales, Miguel Ángel de Vicente, acompañada de las instrucciones pertinentes de activación de la tarjeta, de cuyo proceso se están encargando Correos y Mastercard y que contempla varias opciones.

Para De Vicente, el área de Asuntos Sociales, "lejos de permanecer ajena ante esta problemática, ha querido apoyar económicamente las necesidades de nuestras familias, a través de la concesión de una cuantía dineraria que garantice el derecho básico de alimentación de los niños beneficiarios de una de estas becas o ayudas y que, con el cierre de las escuelas, se han visto perjudicados".

Por este motivo, y teniendo en cuenta, tanto el acuerdo del Consejo de Ministros del 24 de marzo, como el montante económico de 82.899 euros recibidos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, la Diputación ha acordado dotar a cada una de estas tarjetas de 157,30 euros por niño beneficiario.

Con esta medida, la institución provincial, que ha recibido de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León un listado de familias necesitadas de estas ayudas, espera poder ofrecer a los vecinos de la provincia que se han visto afectados por el cierre de las escuelas y los comedores, una solución temporal que garantice el derecho de los menores de tener acceso a una alimentación necesaria para su desarrollo físico e intelectual.