Los expedientes civiles de seguimiento de la actividad en estos centros llegan a 185 en toda España
El último recuento ofrecido por la Fiscalía General del Estado arroja que un total de 17 juzgados de toda España, tres de ellos en Castilla y León, tienen abiertas ya causas penales para determinar si hubo irregularidades relacionadas con la gestión de la pandemia de COVID-19 en las residencias de ancianos. En cuanto al número de diligencias penales abiertas por la Fiscalía y aún no judicializadas, el número total se acerca a 140, de las que unas 65 se localizan sólo en Madrid y otras 24 en Cataluña.
En cuanto a las actuaciones civiles en defensa de la protección de derechos, que se han tramitado como expedientes gubernativos y diligencias preprocesales o diligencias informativas civiles, se han registrado un total de 202 actuaciones, de las cuáles 185 siguen en trámite y 16 han sido archivadas según ha informado el Ministerio Público.
El peso de las investigaciones penales sigue recayendo en la Comunidad de Madrid, donde la Fiscalía Provincial ha incoado 58 diligencias de las que hay que restar no obstante las que se han acumulado en un único procedimiento por estar dirigidas contra una misma residencia y las que ya han pasado a manos de un juez. A ellas se suman 8 diligencias de investigación por parte de la Fiscalia de Móstoles-Fuenlabrada, 6 en el área de Getafe Leganés y o otras ocho por la fiscalía de Alcalá de Henares.
En cuanto a los casos ya judicializados, se mantiene abierta la instrucción penal por parte de los jueces de instrucción número 51, número 12, número 48 y número 42 de Madrid, a los que se suman el juez de instrucción número 1 de Navalcarnero y número 2 de Alcobendas.
En Cataluña se mantiene el número de diligencias respecto a semanas anteriores, como son la decena que tramita la fiscalía provincial de Barcelona, cuatro por la Fiscalía de Granollers, 1 en el área de Manresa-Igualada, 5 en Sabadell, 1 en Terrasa, 2 en Mataró y 1 en Tarragona. Tres jueces ya investigan en Sabadell y Cerdanyola del Vallés.
Le siguen por número de diligencias Castilla La Mancha, con un total de 14 diligencias fiscales que se tramitan en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Guadalajara; además de distintas causas abiertas por jueces de Albacete y La Roda. En Castilla y León se suman otras once diligencias penales tramitadas por fallecimiento de residentes, negligencia y omisión de medios de tratamiento y diagnóstico por las fiscalías de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, León, Valladolid, Segovia y Zamora; además de cuatro causas ya a manos de jueces en Burgos, Soria y Ávila.
En Extremadura se mantienen abiertas dos diligencias de investigación en Cáceres y otras dos en Badajoz (en cada una de estas provincias aún siguen vivas las causas impulsadas por Vox que en otras zonas ya han sido archivadas), mientras que el número vuelve a subir en Galicia con un total de 12 casos por supuesta situación de maltrato a residentes en Lugo y Orense, en uno de los casos por denuncia del terapeuta del programa de atención psicológica a víctimas de violencia de género. A ellas se suman otras diligencias en Santiago de Compostela y La Coruña y una causa penal ya tramitándose en un Juzgado de Cangas.
En cuanto a Aragón, acumula 2 diligencias penales, una de ellas presentada por Vox que sigue viva en Zaragoza mientras que la misma denuncia en la fiscalía de Huesca ha sido archivada por su carácter genérico, al igual que ha ocurrido con la iniciativa de esta formación en otras fiscalías españolas.
En Canarias hay dos diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía en la zona de Arrecife-Puerto del Rosario, mientras que en Cantabria continúa en trámite la presentada por el partido político antes citado, al igual que ocurre en Islas Baleares y en La Rioja. No se contabilizan diligencias en trámite -las que hubo en su día ya fueron archivadas- en Andalucía, Valencia, País Vasco, Navarra y Asturias.
DILIGENCIAS CIVILES
Por otro lado, la Fiscalía mantiene en trámite muchas de las diligencias civiles incoadas para tener un "conocimiento puntual de las necesidades" en residencia y establecimientos de mayores distribuidos por toda la geografía española, en relación con la actividad tuitiva del Ministerio Fiscal.
Así, se ha registrado un leve repunte con respecto la semana pasada, cuando se contabilizaron un total de 192 actuaciones, de las cuáles 176 siguen en trámite y 16 han sido archivadas. Según el recuento difundido por la Fiscalía este martes, en total hay 202 actuaciones, de las cuales, 16 han sido archivadas, por lo que 185 continúan vivas.
Cataluña sigue siendo la comunidad que más investigaciones sobre amparo de personas en situación de vulnerabilidad tiene abiertas, siendo el total 86. De estas, una de ellas se archivó y otras tres se transformaron en diligencias de investigación, estando una de ellas ya cerrada.
En Castilla y León se han incoado 25 diligencias civiles (2 archivada); 20 en Comunidad Valenciana (a las que próximamente se sumarán otras 4); 16 en Andalucía (1 archivada); 9 en Castilla-La Mancha, de las cuales tres están pendientes de archivo; 4 en Aragón; otras 4 en Madrid; 3 en Cantabria; 3 en Canarias (una archivada); 2 en Navarra; 1 en La Rioja y 1 en País Vasco. La Fiscalía no había abierto hasta el momento ninguna diligencia civil, siendo esta semana cuando se han incoado dos.
El Ministerio Público incluye además dentro de las diligencias civiles otras actuaciones relativas a discapacidad, comunicaciones o centro de menores, como se aprecia en Galicia, donde se han registrado 16 diligencias, de las cuáles siete se han archivado. Entre ellas hay una relacionada con un centro de menores, otra por residuos sanitarios, otra por comunicación con la Fiscalía General del Estado y otras dos que fueron incoadas por la denuncia de un partido político o por un escrito de una asociación.
En Extremadura, donde hay pendientes de incoación nuevas diligencias de control de residencia, según advierte el Ministerio Público, se han contabilizado 8 diligencias civiles, pero sólo cinco siguen en trámite. De las tres actuaciones archivadas, una era una diligencia de discapacidad. Por último, en Murcia, se han incoado 2 diligencias, una de ellas por el fallecimiento de una persona de 27 años.