El Procurador del Común, Tomás Quintana, ha pedido una reordenación de los mercados y mercadillos en los municipios de Castilla y León mediante la previsión de las medidas necesarias que permitan reanudar esta actividad comercial con seguridad cuando se produzca el cambio de fase.

En este sentido, ha solicitado que se habiliten recintos delimitados, con control de aforo, ubicaciones alejadas de edificios públicos o privados cuyos usuarios puedan ser vulnerables y una exhaustivo control de los residuos, entre otras medidas.

Ante el posible cambio de fase en la denominada desescalada, el Procurador del Común inició hace días una actuación de oficio para facilitar a los Ayuntamientos de los municipios de más de 5.000 habitantes de Castilla y León pautas que puedan resultarles útiles para la reanudación de esta actividad comercial en sus respectivos términos municipales, en lo referente a los mercados y mercadillos cuya actividad fue suspendida incluso antes de la aprobación del decreto del estado de alarma.

El Ministerio de Sanidad ha emitido una Orden por la que en la Fase 1 se podría autorizar la reapertura de los mercados y mercadillos tradicionales y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha difundido una circular, recordando que la venta ambulante y los mercadillos son de relevancia especial para los municipios ya que se trata de una competencia propia, y son los ayuntamientos los que deben proceder a su reapertura.

En dicha circular se apunta la necesidad de limitar los puestos, condiciones de distanciamiento social, delimitación de perímetros o control de aforos.

El Procurador del Común considera que las administraciones deben afrontar, a la mayor brevedad posible, la planificación y organización del modo en que se ha de reanudar la realización de esta actividad, para lo que es necesario arbitrar con la suficiente antelación todas las medidas que resulten necesarias para que el retorno a la actividad comercial se lleve a cabo con la máxima seguridad.

Además, el Defensor del Pueblo de Castilla y León estima que las medidas de aumento de superficie del mercado, motivadas por el necesario distanciamiento entre puestos y el obligado distanciamiento social, deben estudiarse con la mayor prudencia por parte de las administraciones responsables, ya que el espacio público es limitado, y en este momento han surgido necesidades por parte de los establecimientos de hostelería, en cuyas terrazas también han de fijarse mayores distancias, sino de los propios ciudadanos, que en ocasiones deben aguardar su turno fuera de los establecimientos comerciales físicos, o de los bancos o farmacias.

De este modo considera que sus desplazamientos por el espacio urbano deben verse favorecidos por las administraciones, evitando la existencia de aglomeraciones, para que los vecinos en su devenir ordinario (para pasear, hacer ejercicio o para la atención de sus necesidades vitales) no tengan especiales dificultades para guardar las distancias interpersonales necesarias requeridas para disminuir el riesgo de contagio.

Tomás Quintana ha dispuesto que todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes de Castilla y León adopten las medidas de ordenación necesarias para que pueda reanudarse, cuando proceda y conforme a las previsiones establecidas en el Plan para la transición hacia una nueva normalidad aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de abril de 2020, la actividad comercial de los mercados de venta no sedentaria en los municipios, cumpliendo con los criterios establecidos en la Orden SND/ 399/2020 de 9 de mayo.

Para ello, manifiesta que se habiliten los necesarios recintos delimitados, con control de aforo y en un espacio que permita tanto la instalación lineal de los puestos como que se mantengan las medidas de distanciamiento tanto entre vendedores y clientes, como de estos entre sí, fijando las referencias a las distancias necesarias en las vías públicas o recintos en las que dichos mercados se instalen.

Los recintos delimitados de los mercados, además, deben separarse suficientemente del resto de usuarios de las vías públicas, alejándolos de los accesos a viviendas, garajes, establecimientos comerciales y, singularmente, de organismos públicos o privados que atiendan a personas o colectivos más vulnerables, todo ello en defensa de los derechos a la salud, la accesibilidad y a la libre utilización del domino público conforme al uso al que está destinado.

Por último, Quintana ha instado a que los ayuntamientos dispongan en los días de celebración del mercadillo y en las inmediaciones del mismo, de dispositivos de recogida de residuos específicos para esta actividad y suficientes para evitar desbordamientos, impidiendo que cualquier resto y especialmente las mascarillas, pañuelos y guantes puedan ser abandonados en el exterior de los mismos.