La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha puesto en marcha los grupos de trabajo para la elaboración de la ley de atención residencial en los que estarán representados la Consejería de Sanidad, la Gerencia de Servicios Sociales, los sindicatos, la patronal, las asociaciones de personas mayores o con dependencia, los colegios profesionales y grupos políticos además de expertos.

Asimismo, con la constitución de estos grupos de trabajo se cumple el compromiso alcanzado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el resto de formaciones políticas que firmaron el pacto de reconstrucción de la Comunidad que en el ámbito de la protección social, establece la revisión del modelo de atención residencial, el refuerzo de la estructura y el plan de inspecciones anual con la incorporación de las nuevas tecnologías así como la elaboración de una Ley de Atención Residencial.

Como paso previo, varios grupos de trabajo tratarán de abordar durante los meses de julio, septiembre y octubre, a través de distintas ponencias aspectos relacionados con el ámbito laboral, la perspectiva de entidades del Tercer Sector y colegios profesionales, la atención centrada en la persona, las unidades de convivencia y seguridad, la atención sanitaria, la evaluación de los distintos modelos en España y otros países, así como la perspectiva política, de los propios destinatarios y también ética que incluirá el análisis de la eliminación de sujeciones.

Cada grupo contará con una mesa o ponencia en la que expertos, algunos invitados y otros miembros del propio grupo, presentarán los datos más relevantes sobre el asunto que se aborde.

Asimismo, los participantes podrán realizar aportaciones sobre los grupos de trabajo propuestos en el programa inicial así como de los contenidos que quieren que se analicen. Una vez finalizado el abordaje de todos ellos se dará un plazo para que las entidades participantes puedan presentar propuestas para el contenido de la normativa y en el mes de octubre también se recogerán las mismas.

En los centros residenciales de Castilla y León viven casi 50.000 personas de manera permanente, una cifra que tiende a incrementarse debido al envejecimiento de la población, la mayor esperanza de vida y a la menor disponibilidad de apoyo informal.

Precisamente, debido al aumento de la demanda en el cuidado de los mayores y a que gran parte del bienestar de las personas que residen en los centros depende de la atención que reciben, la Junta considera necesaria la elaboración de una Ley de Atención Residencial que garantice los derechos de las personas que viven en dichos centros y que defina el modelo de atención que mejor preserve su dignidad y calidad de vida.