La Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha afirmado que algunas residencias privadas están empezando a cobrar una "tasa COVID" y ha pedido a la Junta de Castilla y León que prohíba hacerlo.

"Bajo ningún concepto estos costes deben repercutir sobre las personas usuarias, como ya está empezando a ocurrir en forma de pluses por medidas extraordinarias provocadas la COVID-19, en las facturas de las personas residentes", ha asegurado el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press.

UGT ha explicado que uno de los temas centrales de las situaciones de abuso hacia el colectivo de personas mayores en las residencias en un momento clave de la pandemia por parte de las empresas del sector de la dependencia es cualquier aplicación de "tasa COVID".

Se trataría, según el Ministerio de Consumo, de una aplicación que podría incurrir en una cláusula abusiva, tal y como establece la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, puesto que "se trataría de la imposición al consumidor y usuario de un servicio no solicitado y no susceptible de aceptación o rechazo por su parte", ha explicado.

UGT ha afirmado que "no es un tema nuevo" que los grupos empresariales que explotan la inmensa mayoría de las residencias de Castilla y León "quieran hacer negocio con el dolor y el sufrimiento de las familias para abordar el gasto generado por unas medidas de prevención que es obligación de las empresas".

Por ello, la FeSP-UGT ha instado a la Junta a que "no proteja tanto los intereses económicos y comerciales" de las empresas o propietarios de dichas compañías, que ha asegurado tienen una "posición hegemónica" en el sector de la dependencia en la Comunidad, y ejerza su responsabilidad de control y vigilancia de los dineros públicos ya que la mayoría de las sociedades mercantiles reciben la correspondiente concesión de los fondos públicos como resultado de la concertación de plazas o directamente gestionando las residencias de titularidad pública.

UGT ha pedido "transparencia, rigor y firmeza sobre estas conductas abusivas que las empresas del sector hacen a las personas mayores o a sus familias" y ha recordado que los EPI y demás medidas de protección y seguridad, tanto destinadas al personal de los centros como a personas residentes y/o usuarias y familiares "son responsabilidad" de las empresas prestadoras, que están "obligadas" a cumplir con la legislación en esta materia y cubrir los costes necesarios y suficientes para garantizar estas exigencias sanitarias.