Una asociación de afiliados al Partido Popular de Castilla y León se ha dirigido al Comité de Derechos y Garantías de esta formación en la Comunidad al objeto de que abra expediente contra la totalidad del Grupo Parlamentario del PP por respaldar una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo "en todos los hospitales públicos" de la Comunidad.
Se propone la suspensión de militancia por espacio de hasta seis años de los 29 parlamentarios 'populares', entre ellos del propio presidente del PP regional y presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su inhabilitación para el desempeño de cargos en el partido.
La aprobación de la citada PNL, en sesión plenaria el pasado día 24 de junio, se ha traducido en la presentación de un escrito en nombre y representación de 'Libertad y Principios', texto al que ha tenido acceso Europa Press y que finalmente ha sido registrado en Correos al acudir a la sede regional en María de Molina y encontrarla cerrada.
Dicho colectivo representa los intereses de sus socios como militantes del PP en Castilla y León y tiene entre sus fines "la promoción de los principios liberal-conservadores como fundamento ideológico de la vida pública nacional. En particular, la defensa de la dignidad de la persona humana como eje central de la acción política".
A su juicio, en los últimos días, los procuradores que integran el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes habrían incurrido, a su juicio, en, al menos, tres infracciones muy graves tipificadas en las letras e), f) e i) del art. 14.1 del Reglamento "que deben ser debidamente sancionadas por el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de Castilla y León para salvaguardar el interés general de esta organización política y de sus militantes".
En su exposición de motivos, los promotores de esta iniciativa se refieren a los parlamentarios del PP como "infractores" y recuerdan que dieron el sí a una PNL de los socialistas que tenía por objeto, entre otras cuestiones, instar a la Junta a ampliar la cartera de servicios proveídos de forma gratuita por la Gerencia Regional de Salud, a fin de "incorporar la interrupción voluntaria del embarazo a la Cartera de Servicios de todos los centros hospitalarios públicos del Sacyl".
La PNL incluyó finalmente una enmienda parcial de los 'populares' para sustituir la expresión "incorporar la interrupción voluntaria del embarazo a la Cartera de Servicios de todos los centros hospitalarios públicos del Sacyl", contenida en la redacción original, por el texto "garantizar la interrupción voluntaria del embarazo" en los casos previstos por la legislación aplicable.
POLÍTICA "FLAGRANTEMENTE" CONTRARIA A LOS VALORES
"Como se comprueba, la enmienda del PP consistía en instar a la Junta de Castilla y León, que dicho partido gobierna, para que garantizase una suerte de derecho al aborto en el marco de la sanidad pública castellana y leonesa", censuran, al tiempo que recuerdan que la misma constituye una "declaración política flagrantemente" contraria a los Estatutos, Reglamentos y Documentos directores de la política del Partido Popular de España, de Castilla y León y de las provincias que la integran.
Y es que, como así recuerda la asociación 'Libertad y Principios', el PP es un partido político contrario a la vigente configuración legal del aborto y, en concreto, a la "concepción de esta práctica, eufemísticamente denominada 'interrupción voluntaria del embarazo', como un derecho subjetivo".
La asociación de afiliados precisa que los parlamentarios regionales del PP han infringido, en primer lugar, el art. 14.1-e) del Reglamento que tipifica como infracción muy grave "la desobediencia a las instrucciones o directrices que emanen de los órganos de gobierno y representación del Partido (...)"; el art. 14.1-f), que también considera muy grave "toda manifestación o declaración hecha con publicidad, que incite al incumplimiento o descalificación de las decisiones válidas y democráticamente adoptadas por los órganos de gobierno y representación del Partido (...)", y 14.1-i) por "actuar en el ejercicio de los cargos públicos en forma contraria a los principios y programas del Partido (...)".
Sería esta última, concretan, la infracción más clara en la conducta de los políticos del PP "por actuar en el ejercicio de sus cargos de procuradores en las Cortes de Castilla y León, apoyando garantizar la interrupción voluntaria del embarazo y, en consecuencia, en detrimento del derecho a la vida del nasciturus y de la maternidad.
En consecuencia, se pide al Comité de Derechos y Garantías del PP en Castilla y León, presidido por la a su vez consejera de Educación, Rocío Lucas, que inicie la tramitación de un expediente sancionador que concluya con la suspensión de militancia de todos ellos por un periodo de entre cuatro y seis años y su inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido y en representación de éste.
DEVOLUCIÓN DE LAS ACTAS
Por tal motivo, interesan que el citado órgano solicite que devuelvan sus actas de procuradores en las Cortes de Castilla y León y permitan al Grupo Parlamentario Popular en dicha institución contar con integrantes afectos a los principios y fines de la organización estatutaria y congresualmente definidos.
Igualmente, se plantea a Rocío Lucas que presente el escrito al presidente del Comité Ejecutivo Autonómico del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a fin de active el procedimiento para la extinción de la condición de militantes de dicha organización de los denunciados con arreglo a lo previsto en el citado precepto.
La asociación Libertad y Principios está dispuesta a acudir hasta el Comité Nacional de Derechos y Garantías, en forma de recurso, en el supuesto de que no se atendieran sus pretensiones.