La Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT en Castilla y León ha criticado que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente siga "condenando al abandono" al operativo público de prevención y extinción de incendios con los incumplimientos de los acuerdos firmados.

Así lo han señalado en rueda de prensa el secretario de la Federación, Tomás Pérez Urueña, y el secretario de Administración Autonómica de la misma, Julio César Martín Nevado.

Los responsables del sindicato han censurado una política "continuista" del operativo público de incendios por parte de la Junta de Castilla y León, que a su juicio supone cronificar la precariedad en el empleo público y el agravamiento de las diferencias con respecto a los operativos de otras comunidades autónomas.

Martín Nevado ha recordado que la campaña del año pasado terminó con una concentración de trabajadores convocada por UGT el 9 de octubre para pedir el cumplimiento del acuerdo de mejora para el personal fijo discontinuo en el año 2019 y mejora de las condiciones de trabajo, pero en 2020 el personal de la campaña ha empezado con un mayor grado de incumplimiento que el año pasado. "Se ha perdido otro año", ha asegurado.

Así, en primer lugar el responsable de UGT ha denunciado públicamente la brevedad temporal de la época de peligro alto de incendios forestales, que sigue anclada en centrarse solo en los meses de julio, agosto y septiembre, cuando a su juicio debería abarcar el periodo comprendido entre el 15 de junio al 15 de octubre.

En segundo lugar, ha criticado la precariedad creciente del empleo público para el personal implicado en el operativo de incendios, el cual alcanza también a los empleados públicos (agentes medioambientales y celadores), para los que no existe convocatoria de empleo público.

En este sentido, ha señalado que resulta "llamativo" que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, señale como uno de los logros para esta campaña la contratación de personal interino en un número tal que no cubrirá la reducción de efectivos que tendrá lugar en el año.

"Cada vez tenemos un número mayor de empleados públicos del operativo de prevención y extinción de incendios en situaciones de precariedad laboral", han señalado.

SITUACIÓN AGRAVADA

Además, esta situación se agrava hasta los extremos en caso del personal fijo-discontinuo, según el sindicato, ya que a su precariedad estructural (son puestos, por definición, de duración menor a doce meses), se añade el abandono por parte de la Consejería de las pocas medidas de mejora de su situación laboral.

En primer lugar, por el incumplimiento del acuerdo de mejora firmado en el año 2018 para el periodo entre dicho ejercicio y el de 2020, el cual consideran que tenía que ser el inicio de un proceso de modernización y adaptación del operativo a la nueva realidad de cambio climático.

Sin embargo, Martín Nevado ha explicado que el año pasado se incumplió por la Junta, a la que ha acusado "desviar" el medio millón de euros que correspondía a las empresas privadas y ha añadido que en 2020, se va a repetir la situación y se desviarán un total de 600.000 euros.

De esta forma, considera que en 2020 el incumplimiento es "aún mayor", pues pasado más de medio año aún no se ha convocado ni la primera mesa técnica para adaptar la las relaciones de puesto de trabajo a las nuevas duraciones, que deberían ser efectivas a 1 de enero de 2020.

En la práctica, el incumplimiento de este año, que afecta a las autobombas de las provincias (relacionadas por orden de impacto económico, de mayor perdida a menor) de Burgos, Soria, Palencia, Segovia, Valladolid, Ávila y Salamanca, ha supuesto perder 95 meses de trabajo en labores de prevención de incendios y una perdida salarial del 50 por ciento con respecto a lo pactado.

OTROS INCUMPLIMIENTOS

Además, ha apuntado que habría que añadir la ampliación a cuatro meses, mínimo, de servicio de las torretas de vigilancia, que afecta en distinto grado a las nueve provincias.

El balance final que prevé el sindicato después de estos tres años será que se agrava la situación comparativa del operativo con respecto a otras comunidades, pues la mayoría de las ellas (muchas gobernadas por gobiernos del PP) han firmado acuerdos de mejora mucho más ambiciosos que el firmado y "permanentemente incumplido" en Castilla y León.

En el resto de reclamaciones pendientes tampoco se han producido avances sustanciales, concretamente en cuestiones como la "lentitud" en la cobertura de sustituciones del personal, a los problemas para el acceso de las torretas, la falta de duchas y taquillas para el personal del operativo, el que se sigan sin lavar los monos ignífugos por parte de la Junta a pesar de la obligación fijada por la Inspección de Trabajo; la falta de formación real de estos trabajadores por parte de la ECLAP por meros problemas de gestión interna o no aprovechar todas las opciones de trabajo recogidas en el convenio colectivo.

"En ninguna de estas materias se han producido mejoras y que demuestran la falta absoluta de voluntad aplicar criterios de mejora continua por parte de esta Administración", ha añadido el sindicato, que de cara al futuro mantiene la propuesta de una revisión completa de las líneas generales en la política de prevención de incendios, con contratos de calidad para el personal público que sirvan de motor para el asentamiento de población en las zonas rurales.

Para ello, han solicitado a la Consejería hace más de un mes la apertura de una mesa específica para seguir avanzando en la mejora del operativo, con especial incidencia en el personal fijo-discontinuo del mismo.

En el corto plazo han presentado demanda por incumplimiento del acuerdo actual en el año 2019 y 2020 con el fin de intentar la recuperación del tiempo perdido por la inacción de la Administración, para lo que la vista, si no hay cambios, se producirá el día 21 de julio. "Si no hay cambio radical, plantearemos la realización de movilizaciones dentro del colectivo", han advertido.