El presidente de la Diputación ha acudido esta mañana a Mansilla de las Mulas, León, para participar en la firma del protocolo con el presidente de la Junta de Castilla y León que mejorará la cobertura de servicios de acceso a Internet de banda ancha, fijo y móvil, en todo el territorio de la provincia de Zamora la rehabilitación de viviendas municipales para alquiler social.

En el caso de la cobertura de internet en la provincia de Zamora, se estima una aportación económica de ambas administraciones que alcanza los 3.652.800 euros, para los próximos tres años, con lo que se llegaría a cubrir el 90 % del territorio, no de la población.

Y es que el territorio provincial presenta una situación compleja para la extensión de las redes de telecomunicaciones por parte de las empresas operadoras, ya que las cifras de cobertura presentan una distribución desigual en función del tamaño de las entidades de población, estando más desfavorecidas aquéllas con tamaños más pequeños, que son especialmente numerosas en esta provincia. Zamora cuenta con una población aproximada de 172.000 habitantes, que se distribuyen en 514 núcleos de población, aunque la mitad de ella se concentra en los grandes núcleos como Zamora, Benavente y Toro.

Precisamente, Francisco Requejo subraya que este acuerdo trata de lograr que todos los ciudadanos zamoranos, independientemente de su población de residencia, tengan acceso en condiciones de igualdad a la sociedad de la información y al mundo digital. De ahí que sea importante que la cobertura de banda ancha llegue a la práctica totalidad del territorio. Además, continúa el presidente de la Diputación, el acceso al mundo digital, representa hoy en día la base del crecimiento económico y la innovación, y es urgente que las pequeñas empresas de la provincia cuenten con una buena conexión a las redes de comunicación electrónica.

Mediciones de cobertura y evaluación de necesidades

La colaboración entre las dos instituciones implica la realización inicial de un diagnóstico de la situación de cobertura de los servicios de acceso a Internet de banda ancha en la provincia de Zamora, que permita conocer de forma detallada las necesidades concretas de cada lugar. Para ello se realizarán estudios y tareas técnicas como mediciones de cobertura de señal o evaluaciones de las necesidades de infraestructura para el despliegue de redes.

Posteriormente se irá ejecutando la estrategia que se determine y que podrá incluir inversiones y convocatorias de ayudas, así como la aportación de los fondos necesarios que correspondan a cada una de las partes. Así se prevén aportaciones presupuestarias de fondos del Programa Operativo FEDER de Castilla y León al presupuesto destinado a la Comunidad de Castilla y León en futuras convocatorias del Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) gestionado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, haciendo así posible que los proyectos de despliegue de redes financiados por este programa de ayudas beneficien a un mayor número de poblaciones de la provincia de Zamora.

Rehabilitación de viviendas municipales para el alquiler social

Por otra parte, ambas administraciones firmaron igualmente otro protocolo, enmarcado dentro del programa REHABITARE, iniciado en el año 2009 por la Junta de Castilla y León, cuyo objetivo es incrementar el parque público de viviendas a través de la recuperación de aquellas viviendas o inmuebles de titularidad municipal o eclesiástica que en la actualidad se encuentran abandonados y cuya rehabilitación resulta interesante para el desarrollo del medio rural.

El destino es el alquiler social, ya que su localización en pleno casco urbano, permite contar con todos los servicios urbanos por lo que se optimizan las infraestructuras existentes sin necesidad de generar otras nuevas, a la vez que se evita el deterioro del patrimonio municipal. Además, sirve de instrumento de reactivación económica y de creación de empleo en los municipios, gracias a la implicación de las empresas locales en las obras de rehabilitación que se acometan.

La vigencia de este protocolo será de cuatro años, aunque podrá prorrogarse hasta un máximo de ocho años.