La Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca capital y provincia (AEHS), integrada en CES, insta a la Junta de Castilla y León a llevar a cabo una campaña de inspección y control de aquellos alojamientos clandestinos en la capital y provincia de Salamanca para comprobar que cumplen con los protocolos establecidos anti-Covid para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar posibles brotes de coronavirus.
A través de un escrito remitido al Servicio Territorial de Sanidad de la Junta, y que se hará también extensivo a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén vigilantes con la situación, el sector expone que el incremento exponencial de la oferta de apartamentos y viviendas de uso turístico en la ciudad de Salamanca, así como de chalets y viviendas rurales destinados al mismo uso en multitud de localidades de toda la provincia contrasta con las dificultades propias para la apertura de establecimientos públicos reglamentariamente establecida, por lo que se acentúan las sospechas de que un gran número de estos alojamientos no cumplen las normas legales para el ejercicio de la actividad y mucho menos aplican los protocolos necesarios de actuación para el coronavirus.
El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Álvaro Juanes, explica que “la oferta de los alojamientos turísticos se ha disparado en los últimos tiempos a través de anuncios en Internet. Este notable incremento en la oferta de plazas, teniendo en cuenta los numerosos trámites burocráticos que se tienen que realizar para obtener la habilitación pertinente, nos hace pensar que están proliferando multitud de actividades clandestinas, con el consiguiente incumplimiento de muchas de las condiciones exigidas para evitar la propagación del coronavirus”.
Por todo ello, AEHS busca que las administraciones competentes inicien campañas de seguimiento y control de la oferta clandestina existente en la capital y provincia de Salamanca para evitar que estos alojamientos que permanecen al margen de la legalidad atenten contra la seguridad sanitaria de los turistas.
Álvaro Juanes detalla que “son muchos los requisitos que se nos exigen a los establecimientos reglados. Y, además, hemos tenido que realizar importantes desembolsos económicos para adaptar nuestros negocios a la situación actual de alerta sanitaria para minimizar en lo posible el riesgo de contagio por el coronavirus y para infundir en nuestros clientes la confianza necesaria de estar recibiendo un servicio de alta calidad y con las suficientes garantías sanitarias. Por eso, pedimos que todos los establecimientos desarrollemos nuestra actividad en las mismas condiciones”.
Entre los requisitos exigibles a los hoteles y apartamentos turísticos para la reducción del contagio por el Covid-19 figuran, entre otros, la elaboración de un plan de contingencia con las medidas concretas que se van a adoptar para reducir los riesgos de contagio, la provisión de mascarillas, guantes, geles…, o la adaptación del plan de limpieza y desinfección del negocio.
Desde el sector hostelero se incide en que, al margen de la competencia desleal que la oferta clandestina provoca al sector, el desarrollo de su actividad supone “un problema de seguridad y de economía sumergida” que afecta no sólo al sector, sino también “al conjunto del destino”. “La clandestinidad en la que trabajan algunos alojamientos ilícitos, que se saltan la normativa y la regulación del sector, más allá de las consecuencias que tienen desde el punto de vista de la economía sumergida, también daña gravemente el destino turístico y su imagen”, añade el presidente de AEHS.
Por tanto, ante este escenario, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca capital y provincia pide que se mantenga coordinación institucional frente al alojamiento illegal, y más aún en el contexto actual en el que se puede poner en peligro la salud de las personas y dar pie a posible rebrotes del coronavirus.
Asimismo, solicita a la Junta de Castilla y León que recabe una relación actualizada de los apartamentos, viviendas de uso turístico y casas rurales que se encuentren dados de alta para compararla con aquellos establecimientos que se anuncian en las diferentes plataformas especializadas por Internet a fin de luchar contra el intrusismo en el sector.