La Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza en Valladolid (Acenva) exige medidas contundentes y rápidas a la Junta de Castilla y León ante el último caso de envenenamiento de fauna en el municipio de Wamba (Valladolid) y se proceda está misma semana a la suspensión del aprovechamiento cinegético durante "un mínimo de cuatro años".
Acenva recuerda, a través de un comunicado remitido a Europa Press, que en la comarca donde se ha producido el "delito", se acumulan muchos otros casos similares que se han repetido en los últimos años en municipios de Velliza y Castrodeza, en los que la Junta "ya tomó la medida de la suspensión del aprovechamiento cinegético".
"Queremos recordar también que, a fecha de hoy no se han tomado medidas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ante graves casos de envenenamiento producidos en años anteriores en la provincia de Valladolid, en los municipios de Villafrades de Campos, Villavaquerín o Curiel de Duero", añaden.
Acenva exige una actualización de la Estrategia Regional de Castilla y León para la lucha integrada contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural y del Plan de Acción para la erradicación del uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural en Castilla y León de la Junta porque, a su juicio, está demostrando su "total ineficacia" desde su aprobación.
"Consideramos necesario además que dentro del anteproyecto de ley de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León que se está tramitando ahora, se incluya como infracción muy grave el uso o manipulación de venenos o cebos envenenados, comercio ilegal de productos venenos o cebos envenenados, así como incluir la suspensión del aprovechamiento cinegético durante un tiempo mínimo de 5 años cuando se den casos de envenenamiento de fauna, y que esta sanción se cumpla íntegramente, con indiferencia de que se apliquen o no medidas compensatorias por el coto sancionado", añade el comunicado.
El uso de cebos envenenados, recuerda la asociación, está "estrictamente prohibido" por la legislación autonómica, nacional y europea estableciendo sanciones económicas que pueden llegar hasta los 60.000 euros e inhabilitación para el desarrollo de actividades cinegéticas hasta cinco años. Además está tipificada también como delito en el Código Penal pudiendo alcanzar penas de hasta 24 meses de cárcel, además de "poder ser un gravísimo problema de salud pública".
"Lamentablemente, en esta provincia se siguen produciendo sistemáticamente envenenamientos de fauna protegida históricamente y según indica el informe 'El veneno en España evolución del envenenamiento de fauna silvestre (1992-2017)' (1) la comunidad de Castilla y León es una donde más casos de envenenamiento de fauna acumula, y en concreto la provincia de Valladolid es líder en casos de mortandad en concreto de especies en peligro de extinción como el milano real ( Milvus milvus)", concluye el comunicado.