Los ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León podrán recibir 406,9 millones de euros de remanentes de Tesorería para gastos generales, en base a las cantidades que acreditaron en 2019, si se suman al fondo de 5.000 millones aprobado por el Real Decreto-Ley 27/2020 de 4 de agosto tras el acuerdo del Ministerio de Hacienda con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que podrán dar salida a parte del dinero que las entidades locales no pueden gastar desde 2012.
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, recuerda que esos fondos están retenidos desde hace ocho años a raíz de la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
En su opinión, el acuerdo alcanzado con la FEMP es, a todas luces, positivo, puesto que permite mejorar la financiación de ayuntamientos y diputaciones, poniendo en sus manos importantes cantidades que podrán destinar a gastos que revertirán directamente en la ciudadanía, relacionados con el medio ambiente y la movilidad sostenible, refuerzo de los servicios sociales y en promoción de la cultura, por ejemplo, un sector fuertemente castigado por la crisis del coronavirus y que ahora lo necesita más que nunca.
El delegado entiende que quien se opone a ratificar el acuerdo, que se vota mañana, jueves, en el Congreso de los Diputados, demostrará una única intención, que no es otra que la confrontación gratuita con el Gobierno, a costa de perjudicar a ayuntamientos y diputaciones y en consecuencia a la ciudadanía, a la que revertirán esas cantidades de forma directa.
En definitiva, señaló Izquierdo, “la alternativa a la propuesta del Ministerio, es básicamente, cero”, puesto que si no sale adelante, las entidades locales no podrán disponer de un solo euro de esos fondos, y en consecuencia, por tanto, se frena un importante impulso a la economía local.
Acogerse es voluntario
La Participación en el Fondo será proporcional a la cantidad de los remanentes voluntariamente aportados por cada entidad al préstamo a la Administración General del Estado, que esta devolverá íntegro en un plazo de 15 años, de modo que, de esos 5.000 millones que el Estado transfiere a fondo perdido (2.000 millones en 2020 y otros 3.000 en 2021), quienes participen se asegurarán una cantidad mínima de “la tarta que va a repartirse”, el 35% al menos de la que hayan acreditado, que puede ser mayor si no participan todos.
Cuantía de cada ayuntamiento de la provincia y la Diputación de Zamora: