El impacto de la crisis sanitaria causada por el COVID-19 también se ha hecho notar en las demandas de disolución matrimonial presentadas en el segundo trimestre de 2020, el más afectado por la declaración del estado de alarma y la consiguiente paralización de la actividad judicial, como demuestra la caída de un 41,6 por ciento registrada en Castilla y León, incluidas tanto las separaciones como los divorcios.
En España, la reducción fue del 42,1 por ciento, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.
La desescalada escalonada en la administración de justicia, la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los juzgados y la persistencia de la incidencia de la pandemia han hecho que las características de la disminución de todos los indicadores en ese trimestre sean tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior que es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan, y aconsejan tomar con cautela las variaciones interanuales.
En el segundo trimestre de 2020, se han observado disminuciones interanuales superiores al 40 por ciento en casi todas las formas de disolución matrimonial.
Las 394 demandas de divorcio consensuado son un 40,8 por ciento menos--en España un 41,8 menos--que las presentadas en el mismo trimestre de 2019. Por su parte, las 257 demandas de divorcio no consensuado representan un 44,1 por ciento menos, porcentaje que en el conjunto del país se redujo un 42,4. .
En cuanto a las demandas de separación, las 26 demandas de separación consensuada representan un 21,2 por ciento menos--46,4 menos en España--que un año antes y las siete no consensuadas, un 50 por ciento menos--41,7 menor en el conjunto del país--que las presentadas el mismo periodo de 2019.
Finalmente, el número de demandas de nulidad, ninguna, supone un descenso del cien por cien respecto de las presentadas en el segundo trimestre de 2019, en el que se contabilizaron dos, mientras que la caída en el resto de España fue de un 20,8 por ciento.
A LA CABEZA CANARIAS, MURCIA Y VALENCIA
Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2020, Castilla y León se encuentra entre las comunidades con menor número de demandas de disolución, con 3,7 de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes.
Le siguen Aragón y Galicia, 3,8; y Extremadura y País Vasco, 3,9, mientras que Madrid contabiliza el menor número, con 3,4 demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes.
En el lado opuesto, a la cabeza se sitúa Canarias, con 5,3, junto con Murcia, 54,2; la Comunidad Valenciana, 5; Cataluña, 4,9; Islas Baleares, 4,7; La Rioja, 4,6; Andalucía, 4,5; y Cantabria, 4,4, todas ellas por encima de la media nacional, que es de 4,3.
MODIFICACIÓN DE MEDIDAS
También todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, han experimentado importantes disminuciones respecto al segundo trimestre del año 2019.
Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 86, se han reducido un 18,1%--41,9 en España--, y las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 249, lo han hecho un 38,2 por ciento--37,6 en el conjunto nacional--respecto al mismo trimestre del año pasado.
Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 117, han tenido una disminución interanual del 31,6 por ciento--34,2 en España--, mientras que las no consensuadas, 133, han mostrado una disminución del 43,9, por encima del 39,9 por ciento a nival nacional.