El Gobierno autonómico desarrolla una política activa en la simplificación de los procedimientos, que se refleja en numerosas iniciativas que afectan directamente a las personas y a las empresas, con el objetivo de mejorar y ser más eficaz en la prestación de los servicios públicos. Una de las líneas de trabajo permanente en la Junta de Castilla y León, en relación con la documentación que ciudadanos y empresas tienen que presentar cuando tramitan procedimientos administrativos, es facilitar las relaciones con la Administración autonómica y cumplir con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que proclama el derecho del ciudadano a no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas.

La implantación en el uso de las tecnologías de la información a partir del sistema de transmisión electrónica de información que la Administración autonómica tiene con otras administraciones ha permitido intercambiar datos, certificados y documentos por medios electrónicos, reduciendo costes de tramitación, a la vez que también los plazos en la resolución de los procedimientos.

La Administración de la Comunidad de Castilla y León lleva utilizando desde el año 2008 una plataforma de intermediación (denominado SUFO) que permite a los empleados públicos encargados de la tramitación de algunos procedimientos, con autorización del interesado o sin oposición de este, buscar electrónicamente aquellos datos que requiere el procedimiento y que se hallan en poder de otras Administraciones Públicas para evitar causar molestias al ciudadano y suprimir la obligación de presentar la documentación oportuna.