La Junta de Castilla y León va a establecer 300 sistemas de depuración para acabar con las aguas residuales urbanas de los municipios entre 500 y 2.000 habitantes dentro de un programa medioambiental que supondrá la movilización de inversiones en torno a los 140 millones de euros.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha firmado este viernes en el espacio San Pedro Cultural de la localidad palentina de Becerril de Campos con los presidentes de las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León un Protocolo General de Actuación.
Así, el total de la inversión será aportado al 40 por ciento por la Junta, otro 40 por las diputaciones y el 20 restante por los ayuntamientos, ha explicado Mañueco. Esta actuación se pone en marcha una vez finalizado otras tantas en núcleos urbanos de más de 2.000 habitantes equivalentes, y que seguirá, a lo largo de la próxima legislatura, también de la mano de las diputaciones, con la depuración de los municipios de menos de 500 habitantes equivalentes.
La Junta, además, ayudará a las administraciones locales financiando su aportación, a 10 años en el caso de las diputaciones provinciales, y a 25 años en el caso de los ayuntamientos, con el objetivo de mitigar el esfuerzo presupuestario a las Administraciones Locales.
El presidente ha destacado que se trata de hacer "una apuesta por la modernización y la sostenibilidad medioambiental; por la defensa y el respeto de los ecosistemas naturales, de la limpieza y riqueza de los ríos y la calidad de los acuíferos, y la calidad, en general, del medio ambiente, compatible con el progreso económico y social".
Alfonso Fernández Mañueco ha señalado, además, que es un paso al frente en el compromiso con el mundo rural y el desarrollo, a la vez que ha subrayado que "es un ejemplo de cómo administraciones de distintos signos políticos alcanzan acuerdos en beneficio de las personas de Castilla y León".
Asimismo, se creará un grupo de trabajo técnico entre la Junta y las diputaciones para poder concretar y programar la ejecución de las infraestructuras e instalaciones de depuración que resulten necesarias, que serán en torno a 300.
Este grupo de trabajo deberá proponer el programa de actuaciones, comunicar a los municipios los resultados de las evaluaciones correspondientes a su ámbito, y valorar cuál es la solución técnica más idónea para cada localidad o grupo de localidades en función de las características concretas y de acuerdo con los criterios establecidos.