La Fiscalía advierte de que la precariedad laboral se ha convertido en un obstáculo a la hora de investigar los accidentes de trabajo

La precariedad laboral se ha convertido en un obstáculo para las fiscalías de la Comunidad a la hora de investigar los accidentes laborales, dado que a factores como las subcontratas se ha unido la presión del actual mercado de trabajo, que provoca que en muchas ocasiones las víctimas exculpen a las empresas.

Según se recoge en la Memoria de la Fiscalía de Castilla y León, presentada hace unos días durante el acto de inauguración del Año Judicial 2020-2021 por el fiscal jefe de la Comunidad en funciones, Emilio Fernández Rodríguez, a los problemas para averiguar las circunstancias del accidente cuando no se da cuenta inmediata a la Inspección de Trabajo o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se suman las dificultades para localizar a los propios trabajadores lesionados o a los testigos, especialmente los de origen extranjero, por lo que muchas veces no se puede contar con su declaración en sede judicial ni en el momento del enjuiciamiento de los hechos.

La más contundente es la Fiscalía de Segovia, desde donde se apunta a un cambio en la actuación procesal de las víctimas quienes, “sin duda presionadas por la actual situación del mercado laboral y de precariedad en el puesto de trabajo, no denuncian los hechos, ofrecen explicaciones claramente exculpatorias respecto a la empresa, no reclaman contra la misma, o ni siquiera quieren ser reconocidos por el médico forense cuando son citados por el juzgado a causa de lesiones, incluso cuando éstas son de una cierta entidad como en el caso de amputaciones, o lesiones con secuelas permanentes”.

Por su parte, desde la Fiscalía de Valladolid llama la atención sobre el dato de que cada vez más se observa que las víctimas son ciudadanos extranjeros búlgaros y rumanos, lo que plantea la necesidad de realizar prueba anticipada con los mismos pues, si son indemnizados con carácter previo a la vista, suelen regresar a sus países siendo imposible su retorno para dicho acto.  

Desde la Fiscalía de León se resalta el problema de la alegación por parte del lesionado de que su situación en el momento del accidente era la de falso autónomo. Se trataba de casos en que, si bien en el informe de la Inspección de Trabajo se hacía constar que se trataba de trabajador autónomo, en el procedimiento judicial su representación alegaba, y aportaba diferentes pruebas, que realmente estaba desarrollando un trabajo por cuenta ajena. Se han dado estos casos en el sector del transporte y también en Embutidos Rodríguez.

Incremento de la siniestralidad

Las fiscalías de la Comunidad también constatan que, como consecuencia de una mejora de la sis actividad económica, en el año 2019 volvieron a incrementarse los accidentes laborales en Castilla y León y, en concreto, en sectores como la construcción. Así, mientras el número de causas por homicidio en accidente laboral se mantienen en 14, aumenta de nuevo, y de un modo muy importante, la cifra de los delitos de lesiones al pasar de los 1.450 de 2018 a los 2.099, lo que representa un 44,7 por ciento más.

No obstante, se argumenta que en algunas provincias como León, donde el fin de las actividades de la minería y de las centrales térmicas no han sido sustituidas por otras industrias, está provocando, además del hecho de que tengan que emigrar de la provincia muchos profesionales formados y la desaparición de muchas empresas, la subsistencia de otras de pequeño tamaño y sin recursos para realizar el necesario gasto en prevención y medidas de seguridad, lo que provoca un incremento de la siniestralidad.

En otras provincias, como Palencia, Zamora o Soria, se señala que el descenso de la construcción y de la actividad industrial ha determinado que el foco de los accidentes se haya desplazado a pequeños accidentes de autónomos, servicios, in itinere, derribos de obra o atrapamientos de máquinas. Igualmente, se observa un incremento de los accidentes laborales en la actividad agrícola: manejo de tractores, remolques, empacadoras, en los que el accidentado es el propietario de la explotación por lo que se produce el sobreseimiento, o en las industrias cárnicas, como en Salamanca.

Además, todas las fiscalías provinciales resaltan el aumento de accidentes en pequeñas obras de rehabilitación de zonas rurales donde intervienen empresas con muy pocos trabajadores y a los que no se proporciona la formación ni las medidas de seguridad exigibles.

Propuestas

Entre las propuestas que recoge la Memoria 2020, destaca la planteada por la Fiscalía de León, que  insiste, con el fin de agilizar la instrucción de los procedimientos de siniestralidad laboral, en asegurar la intervención de funcionarios especializados de la Policía Judicial en las actuaciones de investigación mediante protocolos uniformes a nivel nacional, y no solamente mediante acuerdos en cada ciudad o provincia. En su opinión, esta medida acortaría el tiempo de la instrucción al evitar sucesivos oficios y requerimientos.

Además, todas las fiscalías coinciden en reclamar la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se establece que la investigación judicial se debe desarrollar en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa, y que en el caso de que no sea posible se podrán acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses.

Planes estratégicos

Por último, la fiscal de Zamora delegada de la Comunidad en la materia de siniestralidad laboral, Noemí López Fernández, destaca que la siniestralidad laboral continúa siendo una realidad que causa muertes y accidentes graves en las clases trabajadoras y que supone un elevado coste social y sanitario, por lo que reclama políticas preventivas eficientes para combatirla. “Sería conveniente la elaboración en las empresas de planes estratégicos de seguridad orientados a la promoción de la seguridad en el trabajo a todos los niveles, de modo que todo el personal estuviera implicado, implantando en las empresas criterios de organización y distribución de trabajo que establezcan un equilibrio entre el volumen de trabajo asumido por el trabajador y el control sobre el mismo e incrementando la capacidad de los trabajadores para mantener su propia seguridad mediante una formación e información periódica, actualizada, suficiente y especifica”.

A su vez, pone el acento en que un número muy importante de accidentes en el ámbito laboral se producen en viajes ‘in itinere’ o en misión, por lo que propone que sería conveniente fomentar los sistemas de transporte inteligente, teletrabajo y herramientas electrónicas para reducirían los riesgos y evitar desplazamientos innecesarios.

Al mismo tiempo, López Fernández también propone una a actualización del listado de enfermedades profesionales para adaptarlo a la investigación y el desarrollo actual, “ya que mejoraría la protección de los trabajadores y posibilitaría adoptar medidas preventivas” y asegura que sería necesario concienciar al empresario de que invertir en prevención puede ser rentable, mediante la creación de bonificaciones e incentivos fiscales a las empresas por baja siniestralidad e información de las consecuencias y de los costes que el empresario tendría que asumir derivados de un accidente laboral o una enfermedad profesional.

Por último, plantea fomentar la comunicación, coordinación y colaboración entre las instituciones públicas implicadas, la divulgación de campañas publicitarias que sensibilicen a la sociedad sobre la importancia de evitar los accidentes laborales, la educación laboral mediante charlas informativas en las en las aulas, y la especialización de la Policía en materia seguridad laboral como complemento o apoyo en la investigación de accidentes laborales, “medidas que, sin duda, beneficiarían el avance en la consecución de objetivos comunes y de las estrategias para frenar la siniestralidad laboral”.