Así lo señala el Ministerio Público en la Memoria Fiscal 2020 a la que tuvo acceso la Agencia Ical en la que se apuesta también por la creación de equipos de asesores formados por expertos en contabilidad, derecho tributario o funcionamiento empresarial. Se trata de una reclamación histórica de la fiscalía como una de las fórmulas más eficaces para perseguir la corrupción y los delitos económicos. Una vez más, desde la Fiscalía se advierte que la falta de un conocimiento especializado en estas materias impide muchas veces conocer la realidad con exactitud y formarse un juicio adecuado.

La Memoria critica la falta de atención del Ministerio de Justicia en la dotación de estos equipos de asesoramiento, “petición que se reclama todos los años sin que hasta ahora se haya atendido para poder afrontar con eficacia el problema de corrupción y la delincuencia económica en general, los fiscales se destaca la “leal” colaboración de los inspectores de la Agencia Tributaria en la comprensión de los casos concretos. “Seguimos abocados a especiales dificultades para el estudio y calificación de las causas. Y, desde la posición de los jueces, ello conduce en algunos casos a la incomprensión y a sentencias absolutorias y, otras, a la languidez de las causas y a su abandono en manos del Fiscal o de la Abogacía del Estado”, se apunta en la Memoria.

Por este motivo, los fiscales reconocen que, debido a su dificultad, son causas que se suelen dilatar excesivamente, debiendo solicitarse en todas ellas la declaración de complejidad y acabando muchas veces, precisamente por esa tardanza, en la aplicación de atenuantes, que hace que las penas se reduzcan considerablemente y que las consecuencias punitivas sean más bien escasas, por no hablar de que muy a menudo no llega a recuperarse cantidad alguna por vía de indemnización de las cantidades defraudadas, “lo que no puede por menos que conducir al desánimo”.

Además, según pudo conocer Ical, también reclaman la supresión del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al que califican de “pertubador”, al menos al menos por lo que se refiere a los delitos de delincuencia económica. Este artículo es el que establece que la investigación judicial se debe desarrollar en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa, y que, en el caso de que no sea posible, se puedan acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses.

Datos

El pasado año, las fiscalías de la Comunidad abrieron un total de 216 diligencias previas por delitos contra la administración pública, de las que el 43,5 por ciento (94) fueron por prevaricación. León se situó a la cabeza con 69, por delante de Burgos (39), Zamora (37), Valladolid (34), Palencia (28) y Salamanca (24). Por el contrario, en Soria solo se abrieron tres diligencias previas por delitos contra la administración pública, siete en en Segovia, y 14 en Ávila.

Con relación al año 2018, cuando se contabilizaron 240 diligencias previas, se produce un descenso del 10 por ciento, caída inferior a la registrada en el conjunto nacional, donde el pasado año se abrieron 3.435 diligencias previas, un 26,8 por ciento menos que las 4.695 del año 2018.

En cuanto a delitos de prevaricación, Burgos se situó en cabeza con 23 diligencias previas, por delante de León (19), Salamanca (16), Palencia (14) y Valladolid (9). En Ávila no se abrió ningún proceso, en Soria y Segovia fueron tres y siete en Zamora.