La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, ha informado favorablemente sobre la creación de las unidades propuestas en Burgos y Valladolid, en concreto un nuevo juzgado de lo Social en Burgos y una plaza de la Audiencia Provincial de Valladolid, por entender que son “necesarias”. Éstas se sumarían a los recientes informes favorables para la creación de un nuevo Juzgado de lo Social en León y un Juzgado de lo Mercantil en Valladolid con motivo de la COVID-19.

Sin embargo, desde el Gobierno autonómico se hizo constar pero haciendo constar que esta programación extraordinaria no puede ir en detrimento de la necesidad estructural de la creación de nuevos órganos jurisdiccionales que son precisos y necesarios también en 2020, especialmente en la ciudad de Salamanca.

En el informe que da contestación a la petición del Ministerio de Justicia, el director de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, señala que la competencia sobre la Administración de Justicia y, por tanto, en lo referente a la organización de las demarcaciones territoriales y revisión de la planta de juzgados y tribunales, es exclusiva del Estado, con la participación de las comunidades autónomas, requiriéndose, de forma específica, para la modificación del número y composición de los órganos judiciales, el informe previo de la comunidad afectada.

Aunque la nueva solicitud debería explicar los motivos y fundamentos en que se justifica la modificación propuesta, indica el director de la Junta que la Comunidad desconoce, en el momento presente, la justificación que subyace en la elección de las unidades que ahora se pretenden crear.

La Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta señala que, si la creación de las plazas que se proponen tienen fundamento en el acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de julio de 2020, que aprobó el Plan de Actuación previsto en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y aliviar la acumulación de litigios derivada de la crisis sanitaria, las plazas propuestas serían adecuadas y necesarias, tanto respecto al Juzgado de Burgos como respecto a la mejor dotación de la Audiencia Provincial de Valladolid, por la problemática social y mercantil que va a generar la COVID debido a los ERTEs y a los procesos concursales de empresas.

Sin embargo, si con ello se pretende atender a las necesidades estructurales que precisa la Comunidad, el director, en el informe, advierte de que, en virtud del artículo 20 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988, para la creación de Secciones y Juzgados se debería tener en cuenta, preferentemente, el volumen de litigiosidad de la circunscripción.

Y, en este sentido, manifiesta la necesidad urgente también de la dotación de un nuevo Juzgado de Primera Instancia de familia en Salamanca o, al menos, si no es posible la dotación completa de una unidad judicial, la creación de una plaza de magistrado mixta en la Audiencia Provincial de Salamanca, circunstancia que viene siendo contemplada, además, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en las memorias de los dos últimos años 2018 y 2019.