Castilla y León es la tercera comunidad autónoma con mayor inversión en dependencia por habitante y año, con 261 euros en 2019, según la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que ha alertado este martes de la reducción de la financiación estatal del sistema de dependencia que es en la actualidad "el valor más bajo de la historia" y de la acusada desigualdad territorial.

La asociación sostiene que, según las certificaciones anuales de las comunidades autónomas en 2019 la inversión pública en el Sistema de Atención a la Dependencia fue de 8.607 millones, de los cuales las comunidades autónomas financiaron el 83,9 por ciento y la aportación estatal "se ha reducido en el 16,1 por ciento, el porcentaje más bajo desde el inicio de la ley, con 1.386 millones de euros".

En el caso de Castilla y León, de un gasto total de 627,1 millones de euros de gasto público certificado el pasado año, la Junta de Castilla y León aportó el 78,1 por ciento (489,8 millones), mientras que el Estado aportó el 21,9 (137,2 millones).

Otro dato facilitado por los gerentes es que el gasto promedio por dependiente atendido en 2019, fue de 7.948 euros al año de los cuales, según los antedichos porcentajes, la Administración Central aportó solo 1.276 euros en concepto de nivel mínimo garantizado, de lo que se deduce que financia con 106 euros al mes por cada persona beneficiaria de la ley.

Los directores y gerentes aseguran que la financiación estatal se estancó tras los recortes de 2012 y ve "obvio" que "independientemente de la inestabilidad política alguien ha considerado otras prioridades".

Las comunidades que más invierten en dependencia por habitante y año son País Vasco (368 euros), Extremadura (286 euros) y Castilla y León (261 euros), y las que menos Canarias (95), Galicia (142) y Baleares (143). Las que más incrementaron el presupuesto en el último año fueron Baleares (+32 por ciento), C. Valenciana (18 por ciento) y Canarias (16 por ciento). Solamente el Principado de Asturias redujo el presupuesto en el último año, y Extremadura (1,6 por ciento) y Cataluña (2,2 por ciento) fueron las Comunidades que menos lo aumentaron.

Los gerentes de servicios sociales consideran, a tenor de estos datos, que existe una imposibilidad para las comunidades autónomas de atender lo que tienen por delante, con una lista de espera de 234.000 personas ya valoradas como dependientes y con otras 147.000personas pendientes de valoración.

"El sistema se encuentra en retroceso y la lista de espera baja por los 43.275 fallecidos en las listas de espera de la dependencia en este año y existen 27.116 fallecidos en el 'limbo de la dependencia', personas que tenían derecho a recibir una prestación y fallecieron sin recibirla y 16.159 que murieron a la espera de ser valorados", consideran.

La financiación de la dependencia se recortó por la vía de un Decreto-ley en 2012, según recuerdan los gerentes, apelando acircunstancias de "extraordinaria y urgente necesidad". En su opinión, "la aparente imposibilidad de atender a las personas más vulnerables está generando una situación tan cruel como la que provocó aquel decreto".

Los directores de servicios sociales lamentan que "toque otra vez conformarse con el anuncio del incremento presupuestario de 600 millones de euros para el próximo año". La asociación vaticina que el anuncio implicará --con el actual contexto de atenciones de muy baja intensidad-- un incremento del gasto público anual que, en justicia, deberían ser aportados íntegramente por la AGE para llegar así a una aportación global del 22 por ciento de la financiación pública, muy lejos aún del 50 por ciento previsto. "Se debería considerar que esa inversión generaría 25.000 puestos de trabajo directos y que se obtendrían unos retornos de 240 milloness de euros sin contar con los retornos inducidos", precisan.

Hasta entonces, lamentan, "a los atendidos insuficientemente, a los desatendidos y a los que incluso no han sido aún valorados, no les queda otra que seguir desapareciendo como hasta ahora, discretamente y en silencio".