La residencia universitaria mixta San Felipe Neri de Valladolid ha expulsado a 14 jóvenes del centro por la celebración de un botellón de una de las habitaciones e incumplir, de forma reiterada, la normativa sanitaria para hacer frente a la COVID-19. De ese número, tres fueron expulsados de manera definitiva mientras que la decisión para los otros once fue temporal durante quince días, por lo que algunos ya han vuelto a las instalaciones ubicadas en la calle Alonso Pesquera, frente al Hospital Sagrado Corazón de la capital.
Los casos de los residentes expulsados -todos de primer curso de universidad- son los más graves, después de que los jóvenes incumplieran el reglamento de la residencia y las medidas establecidas con carácter obligatorio por las autoridades sanitarias. En concreto, la primera noche de la aprobación del toque de queda en Castilla y León el 24 de octubre se sorprendió a nueve jóvenes en una habitación del centro durante la celebración de un botellón entre las tres y las seis de la madrugada, sin el uso de la mascarilla ni tampoco mantener la distancia de seguridad y superar el aforo máximo permitido de seis personas. Unos días antes la Dirección de la residencia, a cargo de Juan Coupeau, se vio obligada a tomar la medida disciplinaria de expulsar a cinco jóvenes por incumplir la normativa sanitaria.
Todos estos comportamientos fueron comunicados a los padres de los residentes para recordarles que tanto ellos como los jóvenes habían firmado el reglamento de régimen interno del centro, por el que se comprometían a cumplir con las reglas y pautas de civismo básicas, pero también para rogarles que hablaran con sus hijos para concienciarles de la gravedad de la pandemia. “Sin la educación que les deis en casa mi labor es inútil, necesitan que les habléis claro y sean conscientes de las gravísimas consecuencias a las que se enfrentan”, precisó en una carta del director de la Residencia San Felipe Neri. Una misiva que, según Coupeau, ha contado con una buena respuesta y un respaldo amplio por parte de las familias.
En ese mismo escrito, Coupeau subrayaba que la “mayoría” de los residentes presentaba una actitud de indisciplina “absoluta” y una negativa “continuada” a cumplir cualquier protocolo para proteger a la residencia en la medida de lo posible del coronavirus. Y eso que tres apercibimientos por cometer una falta grave (como no llevar la mascarilla por la “casa”) pueden suponer la expulsión del centro. “Esto no es una academia militar. Solo queremos que los residentes descansen, se alimenten bien y estudien, además que haya un respeto entre los jóvenes”, manifestó.
El director aseguró a la Agencia Ical, que la implantación del uso obligatorio de la mascarilla en los espacios comunes de la residencia ha costado mucho así como la necesidad de insistir en no compartir el ascensor o evitar reuniones en las habitaciones para fumar o beber. “Son conductas que están prohibidas en el exterior, por lo tanto tampoco se pueden hacer aquí”, sentenció además de señalar que son pautas de sentido común y civismo.
Botellón el primer día del toque de queda
Coupeau también lamentó que los jóvenes no sean conscientes de los riesgos de la pandemia ni que está en el juego su salud y la de la plantilla de trabajadores de la residencia. “Tras la aprobación del toque de queda y la imposibilidad de salir de fiesta, ya esperábamos que pudiera haber botellones en alguna habitación, como así ocurrió”, manifestó. Todo ello, pese a destacar que la residencia cuenta con suficientes servicios de ocio para los jóvenes, ya que todas las habitaciones individuales cuentan con conexión a internet y a plataformas en 'streaming' Netflix y HBO, además de disponer de una sala con la PlayStation, futbolín o mesa de ping pong y un patio grande.
Ante la grave situación epidemiológica en Valladolid y el “continuo desprecio” de algunos jóvenes a las medidas decretadas por las autoridades sanitarias para frenar la expansión del COVID-19, Juan Coupeau decidió pedir ayuda a la Dirección General de Salud Pública, el Servicio de Epidemiología y la Delegación Territorial de la Junta. Incluso, mantuvo una reunión el pasado jueves con el delegado territorial de la administración autonómica, Augusto Cobos. “La desobediencia a las normas sanitarias no bastaba con las expulsiones, por lo que tuvimos que acudir, con el respaldo de las Hermanas Filpenseses -propietarias del centro-, a las instituciones públicas para contar con un respaldo”, precisó.
Una petición de ayuda que, según el director del centro, obtuvo el resultado esperado con el “espaldarazo” de Cobos, quien en un escrito dirigido a la residencia y a los padres de los jóvenes valoró la adopción de medidas que, en las circunstancias actuales, ayuden a controlar los contagios y minimicen los contactos sociales de las personas que residen en el centro. Subrayó que, con independencia de las consecuencias que se deriven del régimen interno de la residencia, el incumplimiento de las normas establecidas por las autoridades sanitarias puede suponer la apertura de un expediente administrativo sancionador para los residentes implicados. Un expediente que puede suponer, entre otras cosas, la expulsión de la Universidad donde cursen sus estudios. “Este hecho tan serio les tiene que llevar a concienciarse del peligro de sus acciones, por que la obligación de abandonar la Universidad no es un farol”, reconoció el director de la residencia.
El director de San Felipe Neri confirmó a Ical que todos los residentes expulsados de su centro, ya sea de manera definitiva o temporal, continúan matriculados en la Universidad de Valladolid. Reconoció la decisión de expulsar del centro, de forma definitiva, a varios residentes es “dolorosa”, tras no haber logrado trasladar a esos jóvenes el mensaje de la obligación de cumplir con las normas sanitarias, además de suponer un perjuicio económico para el centro, ante el temor a no cubrir esa plaza durante lo que queda de curso. No en vano, la residencia, que abrió sus puertas en septiembre, cuenta con 54 plazas, de las que tres ya están libres.