La Junta reconoce sólo dos fallecidos por COVID-19 como accidente laboral y UGT sentencia que “esconde un importante subregistro de contagios en el ámbito sanitario”

La siniestralidad laboral se cobró la vida de 45 personas en los nueve primeros meses del año, de los que sólo dos se asumen como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19. UGT denunció que sólo se contabilicen estos dos fallecidos por parte del Gobierno autonómico, cuando desconocen “oficialmente” los profesionales sanitarios infectados en Castillla y León porque la Junta no facilita el dato. Al respecto, recuerdan que el Ministerio de Sanidad confirma que ya son cerca 3.000, por lo que sentencia que “en nuestra región se esconde un importante subregistro de contagios en el ámbito sanitario”.

Junto a los dos fallecidos por COVID-19, el informe de la Junta sobre siniestralidad hasta septiembre, al que tuvo acceso Ical, indica que también se produjeron 12 trabajadores muertos por accidentes no traumáticos; otros diez por caídas desde altura; ocho por atrapamientos; dos por aplastamiento; tres por golpes en la cabeza; uno por ahogamiento y otro por atropello, junto a seis accidentes de tráfico (en uno de ellos figura en la descripción de la lesión como no traumático).

La Secretaría de Salud Laboral y Política Social de UGT en la Comunidad, que dirige Azucena Pérez, lamentó que “la mitad de los accidentes mortales se han producido por situaciones de riesgo que podrían haberse evitado de aplicarse las medidas de protección adecuadas”. “Cuesta creer que a pesar del desarrollo técnico producido en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, sigamos corriendo riesgos simples, sencillos, evidentes, fáciles de evaluar y de controlar”, lamentaron.

Los datos son tozudos y revelan cifras inasumibles para nadie, ya que los 45 trabajadores que fueron al tajo y no regresaron a sus hogares entre enero y septiembre, son 13 más que en 2019, o un 40,6 por ciento más. La cifra de accidentes laborales mortales se dispara, recalcaron desee UGT, “a pesar de haberse perdido más de 57.000 empleos en tres meses” y haberse visto afectados “más de 200.000 trabajadores de Castilla y León” por algún Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). 

Ocho muertos in itinere

Un aumento “sorprendente”, agregaron, si se tiene en cuenta que la siniestralidad laboral global se redujo un 18,9 por ciento, ya que se contabilizaron 16.108 accidentes, 3.758 menos que en 2019. Los accidentes graves, también bajaron un 15,2 por ciento, hasta los 145; y los leves menguaron un 19 por ciento, hasta 15.918.

Por sectores, el número total de accidentes bajó más en los servicios (7.751), un 21,4 por ciento; seguido por el agrario (1.251), un 18 por ciento; la industria (4.818), un 16,2 por ciento; y la construcción (2.288), un 15,9 por ciento.

Los siniestro in itinere sumaron ocho fallecidos, seis más que el año anterior, pero en su conjunto bajaron un 23,9 por ciento, con 1.419. Los graves in itinere sumaron 19, un 13,6 por ciento menos; y los leves, 1.392, con un 24,4 por ciento de descenso. Por último, los nueve meses de estudio se saldaron con el reconocimiento de 286 enfermedades profesionales, con una merma del 34,2 por ciento.

Parálisis en las políticas públicas

UGT criticó que se han paralizado todas las políticas públicas en prevención de riesgos laborales arrojando unas consecuencias nefastas en términos de mortalidad laboral. Al respecto, constató que el Ejecutivo regional “ha aparcado las medidas acordadas” frente a esta lacra.

“Hace un tiempo, se hubiera recurrido al Diálogo Social en Castilla y León para encontrar soluciones. Hoy, sin embargo, reina el mutismo en una Administración Laboral que se muestra impasible frente a otra de las pandemias que lleva tiempo azotando a nuestro mercado de trabajo, la siniestralidad laboral”.

Para finalizar, denunció que desde que arrancó la crisis las empresas han reducido “extraodinariamente” las inversiones en prevención de riesgos laborales y la función de control y vigilancia de la Inspección de Trabajo “está muy limitada por la falta de medios y recursos”. 

Provincias

Las provincias donde más aumentaron los trabajadores fallecidos en el trabajo entre enero y septiembre, fue en Salamanca, con cinco muertos, cuando un año antes se no había registrado ninguno; y Valladolid, que sumó cuatro, para cerrar el balance con nueve.

Asimismo, Palencia elevó la cifra de fallecidos en tres personas igual que Soria, para alcanzar los cinco y cuatro fallecidos en el periodo de estudio, respectivamente. Burgos también añadió dos fallecidos respecto al ejercicio precedente, hasta un total de nueve.

Por el contrario, el dato se redujo en dos muertos en Ávila, que contabilizó dos fallecidos; y en uno tanto en León, hasta seis personas malogradas, como en Zamora, que cerró los meses de análisis con una pérdida. La cifra en Segovia, permaneció estable, con cuatro fallecidos, como en 2019.

En datos globales, la siniestralidad labora se redujo un 23,6 por ciento en Burgos (3.101); un 22,4 por ciento en Salamanca (1.952); un 20,4 por ciento en Ávila (793); un 19,2 por ciento en Palencia (1.156); un 18,7 por ciento en León (2.459); un 17,2 por ciento en Valladolid (3.382); un 14,5 por ciento en Segovia (1.366); un 14,3 por ciento en Soria (810); y un 9,7 por ciento en Zamora (1.089).