El toque de queda y el cierre perimetral de la Comunidad continuarán, pese a que comienzan a verse “pequeñas luces”, a raíz de la tenue bajada de la incidencia en los últimos días. No obstante, “aún es pronto” para anular esta y otras medidas, pese a que ya han pasado 14 días.
Así lo explicó hoy la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en su comparecencia semanal para informar sobre la situación epidemiológica de la Comunidad y tras reunirse ayer con el Comité de Expertos que asesora a la Junta en sus decisiones.
Lo que, de momento, parece que está un poco más lejos es la posibilidad de un confinamiento domiciliario, más suave que en marzo, aunque la consejera insistió de nuevo al Gobierno en la necesidad de que las autonomías cuenten con una herramienta jurídica para decretarlo, si se diera el caso.
“El confinamiento, dependerá de si el COVID nos lleva a otros escenarios”, dijo, para insistir en que las cifras se analizan día a día y recordar que Castilla y León permanece en el nivel 4, extremo, de alerta por la circulación del coronavirus.
En este sentido, recordó que será el ‘semáforo COVID’ el que marque los pasos, en función de los niveles epidemiológicos y de riesgo, y también el que fije las medidas, según revierta la situación. Una herramienta que valoró y que debería hacerse extensiva a otras decisiones, de modo que todas las autonomías caminen a la par en la lucha contra el virus, pues, repitió, éste no entiende de fronteras.
También descartó el cierre perimetral por provincias, debido a que la situación en la Comunidad es muy homogénea, y estas decisiones se toman para proteger a los que están fuera de ese foco de infección. “No aportaría nada”, algo que sí aporta “el confinamiento inteligente” que volvió a pedir que aplique la población.
De este modo, el toque de queda permanece, así como el cierre perimetral que, hasta nueva decisión, continuará hasta las 23.59 horas del 23 de noviembre, después de la prórroga publicada ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). De este modo, continúa la limitación de la entrada y salida de las personas del territorio de la Comunidad, con el fin de reducir sustancialmente la movilidad y así evitar la propagación del virus.