Sólo el 20,4 por ciento de las empresas de Castilla y León cuenta con un delegado de prevención de riesgos laborales y apenas un 2,8 por ciento tiene constituido un comité de seguridad y salud laboral, frente a porcentajes en España del 27,5 y cuatro por ciento, respectivamente. Así aparece recogido en la Encuesta Laboral Anual de 2019, publicada hace por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Las secretarias de Juventud y Salud Laboral de CCOO en Castilla y León, Sheila Mateo, y de Salud Laboral y Política Social de UGT, Azucena Pérez, coincidieron en que los datos reflejan la estructura productiva de la Comunidad, con una mayoría de pequeñas empresas sin representación sindical, donde es muy difícil llegar con la prevención.
Sheila Mateo explicó a Ical que esos porcentajes responden a la estructura atomizada del tejido productivo, con una mayoría de empresas de pequeño tamaño, con menos de seis empleados, donde no existe ni representación sindical. Una situación que “dificulta mucho que hagamos prevención en las empresas”, dijo, para abogar por “hacer mucha pedagogía” e impulsar la “cultura preventiva” para intentar llegar a todas estas actividades.
Mateo aclaró que para intentar llegar a estas microempresas, cuentan con el programa dentro de los acuerdos de prevención con la Junta con el que desarrollan más de 4.000 actuaciones al año, sobre todo en el medio rural, a través del que tratan de inculcar la necesidad de que se establezcan unas medidas mínimas y favorecer la cultura de la prevención.” Aún así es totalmente insuficiente”, reconoció.
Azucena Pérez recalcó que es un “problema estructural” porque el 97 por ciento del tejido productivo autonómico son pymes y micropymes donde no hay representación sindical “cuando menos delegado de prevención o comité de seguridad y salida laboral”.
Pérez defendió el programa de visitas a estas empresas porque la prevención es “más formal que real” y exigió la creación de la figura del delegado territorial, “con las mismas competencias de un delegado de prevención y un comité de seguridad y salud laborl que pueda personarse en cualquier empresa y comprobar sus condiciones”. Esta será una de las principales reivindicaciones en la materia durante la negociación de la nueva estrategia de prevención que se negocia en el Diálogo Social.
El estudio explica que el 17,6 por ciento de las empresas con delegado o comité de la Comunidad, consultó a los representantes de los trabajadores en aquellos supuestos legalmente previstos en materia de prevención de riesgos; un 19,2 por ciento les dio formación específica; un 16,7 por ciento les autorizó para acompañar a los técnicos en prevención durante las evaluaciones; un 18,8 por ciento les dio acceso a la documentación necesaria para el ejercicio de sus funciones; un 17,5 por ciento les proporcionó información sobre los accidentes y enfermedades profesionales sufridos; y un 17 por ciento les facultó para visitar los lugares de trabajo para ejercer sus funciones.
La encuesta, recogida por Ical, precisa quien se encarga de la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva en el tejido productivo de Castilla y León, que depende en el 92,4 por ciento de las empresas de uno o varios servicios de prevención ajenos; en un 13 por ciento, de uno o varios trabajadores designados por el empresario y en un 10,2 por ciento, del empresario que ha asumido la función. Sólo un 4,3 por ciento tiene un servicio de prevención propio, y un dos por ciento mancomunado.
Las empresas que recurrieron a servicios de prevención ajenos, lo hicieron en un 98,4 por ciento para seguridad en el trabajo; en un 81,2 por ciento para higiene industrial; en un 78,1 por ciento para ergonomía; en un 53,2 por ciento para psicología aplicada; y en un 95,4 por ciento para medicina del trabajo. El informe constata además que el 81,3 por ciento de las empresas de la Comunidad realizan exámenes de salud, de las que el 99,3 por ciento lo hace a través de un servicio de prevención ajeno; un 0,7 por ciento con una propio; y un 0,6 mancomunado.
Actuaciones preventivas
De las empresas que acometieron actuaciones de prevención, el 92,7 por ciento apostó por revisiones periódicas de los lugares de trabajo; un 82,4 por ciento por formación; un 93,8 por ciento por información; un 79,6 por ciento hizo exámenes médicos relacionados con los riesgos de cada puesto; y un 56,7 por ciento investigó.
Las actuaciones estuvieron dirigidas en un 92,9 por ciento de las empresas a las condiciones materiales y ambientales; en un 91,3 por ciento a los equipos de trabajo, máquinas incluidas; en un 56,8 por ciento a agentes químicos; en un 67 por ciento a vibraciones, radiaciones o ruido; en un 48,2 por ciento a agentes biológicos; en un 87,3 por ciento a manipulación de cargas; en un 57,6 por ciento a factores de riesgo psicosocial;
De las empresas que quisieron mejorar en prevención en la Comunidad, un 72,8 por ciento realizó actividades de seguimiento de la eficacia de las medidas; un 36,2 por ciento implantó procedimiento de trabajo en actividades peligrosas; un 46,9 por ciento asignó recursos para vigilancia de las medidas; un 51,3 por ciento ofreció formación específica a los mandos intermedios; un 50,5 por ciento acometió acciones de sensibilización; un 49,5 por ciento implementó canales de comunicación; y un 35,5 por ciento realizó auditorías.
El 68 por ciento de las empresa con actividades preventivas de la Comunidad, destinó recursos a realización de los exámenes médicos; un 25 por ciento a evaluación de las medidas; un 42,7 por ciento a formación; un 36,4 por ciento a acondicionamiento de los lugares de trabajo; un 18,9 por ciento a medidas para reducción de riesgos en situaciones peligrosas; un 10,8 por ciento a medidas de emergencia; un 3,1 por ciento a puestos con personal especialmente sensible; un 54,2 por ciento a compra de equipos de protección individual; y un 24,9 por ciento a adecuación de los equipos de trabajo.
En cuanto a la documentación, está actualizada en el 97,8 por ciento de las empresas el plan de prevención; en el 97,7 por ciento la evaluación de riesgos; en el 96,1 por ciento la planificación de la actividad preventiva; en el 86,8 por ciento la memoria anual de actividades de prevención; en el 88,8 por ciento las medidas de emergencia en primeros auxilios; en el 86,8 por ciento la relación de accidentes de trabajo; y en el 82 por ciento las recomendaciones preventivas.