La Federación Castellano y Leonesa de Atención a la Dependencia (Acalerte) ha atribuido a la inversión para "proteger la salud" ante la COVID-19 la subida de tarifas de las residencias, que será de entre un 3,5 y un 5 por ciento, aunque ha señalado que los usuarios no experimentarán repercusión dado que también la Junta de Castilla y León ha aumentado la cuantía de la prestación vinculada al servicio una media de un 10 por ciento.

Acalerte, en un comunicado recogido por Europa Press, ha valorado esta subida de las ayudas a la dependencia, que ha explicado que llega cuando las residencias han realizado una "sobreinversión" para ofrecer las máximas garantías sanitarias y plantar cara al COVID-19 atendiendo a las necesidades de las personas y de los profesionales.

Esta actuación ha logrado "ofrecer a las personas mayores la atención adecuada sin que carezcan de los recursos necesarios", sobre todo los de los profesionales, ha asegurado el presidente de Acalerte, Diego Juez. "Hemos reforzado las plantillas e implementado medidas para evitar el aislamiento con las familias y amigos y en esa línea vamos a seguir trabajando", ha añadido.

Acalerte ha apuntado que estas acciones justifican el incremento de las tarifas de promedio entre un 3,5 y un 5 por ciento, lo que ha afirmado que revertirán directamente en mantener los servicios generados y en seguir ofreciendo las medidas "de calidad" en todos los centros privados.

"Desde Acalerte nuestra prioridad es ofrecer calidad, seguridad y atención y en esa línea seguiremos trabajando, ha apuntado Diego Juez, quien además ha recordado que el sector social genera un empleo directo que sólo en residencias proporciona alrededor de 20.000 puestos de trabajo "no deslocalizables, cualificados y altamente feminizados", que requiere personal de manera constante y que "está en plena revolución y adaptándose al nuevo modelo de Atención Centrada en la Persona y apoyando la Ley de Residencias que se aprobará este año".