"¿Por qué la Guardia Civil, que presta seguridad al 40 por ciento de la población de la provincia de Valladolid, no dispone de los mismos medios de protección individual que sus compañeros de

Policía que dan servicio en Valladolid capital?", preguntan al subdelegado del Gobierno a través de su cuenta oficial en Twitter, de la que se hace eco Europa Press.

La asociación añade que las explicaciones, además, se las debería dar a la población de La Cistérniga, Laguna de Duero, Simancas o Arroyo de la Encomienda, entre otros municipios donde despliega sus servicios. "Si no tenemos medios de protección, ¿cómo vamos a proteger a la población con garantías? Ya lo denunciamos en 2018", continúan para incidir en que ahora les "obligan" a compartir los chalecos en plena pandemia. "Todo muy lógico, como siempre", concluye.

Unas quejas, además, que han motivado a la asociación, a nivel nacional, a presentar una denuncia ante la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, de la Secretaría de Estado de Seguridad (Ministerio de Interior), tras la caducidad de licitación para la adquisición de nuevos chalecos antibalas en la Guardia Civil.

"Esta situación ha provocado que hayan tenido que ser retirados aquellos chalecos ya caducados, con la consecuencia de una nueva carencia de estas prendas de seguridad y la necesidad por tanto de compartirlas entre distintos agentes, con los consiguientes problemas de tallas y disponibilidad", explican en un comunicado.

La vida útil de estos chalecos, fabricados en 2010, estaba establecida en diez años, señalan. La consecuencia, tras que venciera sin éxito de la licitación para renovar las prendas, es que se ha eliminado la adjudicación individual de chalecos antibalas y se ha vuelto al uso compartido y colectivo para el personal destinado en una misma unidad operativa e, incluso, para varias unidades.

"Al parecer, la fecha de caducidad era previamente conocida por los responsables de su adquisición en el ámbito de gestión de la Dirección General de la Guardia Civil, de tal forma que era perfectamente previsible que de no procederse a su renovación antes del término de caducidad se produciría una situación como la que estamos describiendo, que impediría el uso individualizado y personalizado de chalecos antibalas", añade la asociación.

AUGC desconoce qué órganos o servicios de la Dirección General de la Guardia Civil es responsable de la situación, pero, a su juicio, es que de la misma se desprenden o pueden desprenderse "riesgos" para la integridad física, la salud y la vida de los guardias civiles.

Además, concluye que en esta situación, estas prendas deberán ser compartidos algo que comporta un riesgo de salud añadido como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19. "Por todo ello, AUGC reclama la depuración de responsabilidades que se puedan derivar de esta situación".