La Sala de Gobierno del TSJCyL ha acordado informar favorablemente de la medida de refuerzo propuesta por la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia 4 de Valladolid, órgano encargado de resolver asuntos relacionados con cláusulas abusivas bancarias, consistente en el nombramiento de dos funcionarios interinos: uno del Cuerpo de Gestión Procesal y otro del Cuerpo de Tramitación Procesal. El alto tribunal ha traslado esta solicitud al Ministerio de Justicia, a través de la
Subdirección General de Acceso y Promoción del Personal de la Administración de Justicia.
La letrada titular del juzgado en cuestión y también el secretario coordinador provincial de Valladolid entienden que los refuerzos solicitados son necesarios para dar respuesta al importante volumen de trabajo que soporta este órgano judicial, que tiene atribuido el conocimiento de los asuntos relativos a condiciones generales de la contratación incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.
Los datos actualizados del último informe recibido por el alto tribunal este mes de enero reflejan un total de 4.152 asuntos registrados ordinarios de contratación, 3.422 asuntos resueltos, 4.471 ejecuciones pendientes, y 950 escritos pendientes de proveer.
Según el TSJCyL, estas cifras ponen de manifiesto la carga de trabajo del referido órgano judicial y, en consecuencia, “su incapacidad para dar una respuesta judicial en un plazo razonable; en especial, debe destacarse que es en la oficina judicial donde está el retraso, dado el elevado número de
demandas y otros escritos pendientes de minutar”.
Aumento proporcional de la plantilla
Actualmente, el Juzgado de Primera Instancia 4 tiene una medida de refuerzo de tres magistradas (Juezas de Adscripción Territorial) que trabajan junto a la titular. Además, cuenta con una plantilla, tanto estable como de apoyo, de dos letrados de la Administración de Justicia, cuatro funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal, seis del Cuerpo de Tramitación Procesal y tres funcionarios de Auxilio.
Sin embargo, dicha plantilla no ha experimentado el aumento proporcional preciso para la realización del trabajo diario. Según la Sala de Gobierno, si la adscripción de jueces para resolver asuntos relativos a condiciones generales de la contratación no va acompañada del adecuado reforzamiento
de la oficina judicial, las medidas adoptadas hasta ahora fracasarán, la respuesta judicial será negativa y el nivel de pendencia del órgano aumentará.
El alto tribunal destaca que actualmente las cuatro juezas están dictando un
considerable número de sentencias pero “el déficit se produce en la oficina
judicial, tanto en el momento inicial como en el momento de la ejecución,
debiendo tenerse presente que el juzgado sigue tramitando y resolviendo
otros asuntos (y no solo los relativos a las condiciones generales de la
contratación), así como que tiene ejecuciones pendientes de sentencias
dictadas con anterioridad”.