Comisiones Obreras denunció el “ninguneo sistemático” que tanto el Gobierno de la nación, como la Junta y las propias empresas del sector ejercen a diario sobre los 1.800 profesionales de las ambulancias en Castilla y León, quienes reiteraron los múltiples "atropellos" de los que son víctimas los trabajadores de este colectivo en la lucha contra el COVID-19, por parte de las diferentes entidades públicas y privadas.

En un comunicado recogido por Ical, desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía señalaron que, en estos momentos, se encuentran inmersos en la negociación de un nuevo convenio colectivo sectorial, pero la patronal "es reacia a recompensarlos como se merecen". Se trata de un colectivo que "tiene las peores condiciones laborales y económicas de España en comparación con el resto de las comunidades autónomas".

Detallaron que no se les reconoce una categoría acorde con su titulación, aunque las exigencias de las empresas son máximas a la hora de desempeñar su cometido profesional. De igual modo, tampoco se les consideran sanitarios, "solamente cuando les interesa para salvar sus propios sillones". Además, la gratificación que sí tuvo ese colectivo también "se les denegó a ellos, tras estar en primerísima línea de lucha contra la crisis sanitaria desde el minuto uno y sin apenas medios de protección individual", añadieron.

Desde el sindicato subrayaron que no poseen un convenio colectivo "acorde a las necesidades y profesionalidad", a lo que se suma la exclusión del grupo que consideran al COVID-19 como enfermedad profesional. Por todo esto, aseguraron ser un "colectivo vapuleado, denigrado, frustrado, sin reconocimiento de las diferentes instituciones y empresas", además de estar "cansados, desanimados y hartos de tanta hipocresía, pese a estar muy bien valorados por la sociedad, que es lo que anima día a día a continuar en la lucha", apostillaron desde CCOO.