El juicio por la denominada 'Operación Rosado', entre cuyos acusados figura el agente de la Guardia Civil por su supuesta implicación en una trama de favores hacia una decena de empresarios, se celebrará a partir del día 5 de julio.
La vista oral, en principio, está prevista para ese día y el 6 de julio en el Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid, después de que las primeras fechas fijadas, el 1 y 2 de junio, fueran sustituidas por las nuevas ante la imposibilidad de asistir de alguno de los letrados, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Fiscalía de Valladolid imputa al citado agente un delito continuado de violación de secretos y otros dos de tráfico de influencias y solicita por el primero una multa de 10.800 euros y por cada uno de los dos siguientes nueve meses de cárcel, junto con su inhabilitación para empleo o cargo público por un periodo total de ocho años.
Además, y con respecto al resto de presuntos implicados, el fiscal designado excluye a seis que figuraban como investigados y dirige la acusación contra otros cuatro: J.R.R, al que imputa un delito de violación de secretos, en calidad de inductor, y le pide multa de 2.400 euros e inhabilitación para cargo público por un año, así como contra F.G.J, E.O.C. y D.E.A. por delito de tráfico de influencias, los tres como cooperadores necesarios, e interesa para ellos cuatro meses de prisión y su inhabilitación por siete meses.
LA CALIFICACIÓN MÁS DURA, LA DE LA UO
Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), personada como acusación popular, solicita tres años de prisión para el agente, mientras que la Unión de Oficiales (UO), también en calidad de acusadora popular, pide para el integrante del Instituto Armado una condena global de cuatro años y nueve meses de cárcel y su retirada del Cuerpo por espacio de diez años y medio.
Alternativamente, deja abierta la posibilidad de sustituir la condena por otra de de nueve meses de cárcel, 18.000 euros de multa y cuatro años de inhabilitación.
La investigación de los hechos ha corrido a cargo del Juzgado de Instrucción número 1. En su día, el juez José María Crespo abrió procedimiento contra el agente J.C. y otra decena de personas por delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad, revelación de secretos y prevaricación administrativa.
Las diligencias se originaron en 2018 a raíz de unas intervenciones telefónicas autorizadas en otra investigación, la 'Operación Rosado' contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en Valladolid, Zamora y Cuéllar (Segovia), que se saldó con la detención de casi medio centenar de personas, entre las que figuran el guardia civil y algunos de los investigados en el procedimiento por las supuestas prebendas entregadas al mismo.
Las conversaciones intervenidas durante 2017 y 2018 en el marco de la 'Operación Rosado', coordinada por Instrucción 1, permitieron descubrir otras actividades supuestamente delictivas del agente de la Benemérita y de otros arrestados, actividades que se han investigado en un procedimiento judicial distinto.
Según recogía el auto, el agente del Instituto Armado influía o decía influir a cambio de dinero y regalos en diversas administraciones, autoridades y funcionarios para obtener beneficios para quienes acudían a él, realizando gestiones "incompatibles con su condición" de agente de la autoridad.
GRABACIONES
Las grabaciones, señalaba el juez, reflejan "la potestad de la que hacía gala el agente frente a terceros de intervenir en distintos expedientes sancionadores y en gestiones varias incompatibles con su condición, sin perjuicio de que realmente pudiera tener dicha capacidad" y de que realmente realizara las gestiones que aseguraba haber realizado y por las que habría percibido una compensación.
El magistrado instructor mantenía que existen indicios de que el guardia civil, valiéndose de su condición de servidor público, accedía a bases de datos de carácter reservado y facilitaba dicha información a terceros; consultaba antecedentes penales de personas sobre las que no estaba realizando ninguna investigación como agente de la autoridad y "vendía" esos datos a otros, llegando, en algún caso, a asegurar que había favorecido a una persona en un juicio pagando a un funcionario para eliminar tales antecedentes en la hoja histórico penal.
Además, de la investigación realizada hasta ahora, se desprenden indicios de que el agente alteraba expedientes sancionadores por infracciones de tráfico a quienes recurrían a él tras haber sido multados por circular con exceso de velocidad. Para ello, facilitaba identidades de conductores que no se correspondían con los infractores--en un caso se colocó a un fallecido--y tramitaba desde su propio puesto de trabajo los pliegos de descargo.
Igualmente, se sospechaba que podría haber intervenido para beneficiar a un constructor con la adjudicación de un contrato para la realización de unas obras en la Comandancia de la Guardia Civil de León.
Este mismo juzgado, en un auto de fecha 8 de septiembre de 2019, ya exoneró al guardia civil y a otros 21 investigados--de un total de 44--de la 'Operación Rosado' desplegada contra el tráfico de drogas al no ver indicios de participación de los mismos en dicha actividad ilícita.