A pesar de la compleja situación epidemiológica que vive Castilla y León, el esfuerzo titánico por contener los contagios y una desescalada en el horizonte, el próximo lunes 8 de marzo hay convocadas más de una treintena de concentraciones en la Comunidad. De ellas, 22 son manifestaciones relacionadas con el Día de la Mujer y otras 9 son concentraciones convocadas por la Asociación nacional de víctimas y afectados por Coronavirus (una en cada provincia) y una más en Burgos convocada por la Delegación diocesana Pastoral de Migraciones. 

Un total de 32 concentraciones que podrían poner en riesgo el avance en la desescalada de Castilla y León, que ha estado marcada férreamente por la prudencia.  Así, las coordinadoras y asambleas feministas de la Comunidad anteponen sus reivindicaciones a la grave situación por la que atraviesa la comunidad autónoma en nivel 4 de alerta, que previsiblemente levantará las medidas excepcionales precisamente el 8 de marzo si la ocupación de las UCI se rebaja hasta el 35%.

Por su parte, la Delegación del Gobierno ha recordado que “no autorizan” la manifestación, sino que se trata de un derecho de los ciudadanos. La sistemática, señalan, es la siguiente: los colectivos comunican a la Delegación su voluntad de desarrollar una manifestación y por ello se solicita un informe a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y también desde la pandemia, se pide un informe a la autoridad sanitaria para que valore si se han de establecer condiciones al respecto en caso de que genere algún riesgo para la seguridad ciudadana. 

No obstante, como ha sucedido en el caso de las reivindicaciones de hosteleros y otros colectivos durante la pandemia, los criterios de la autoridad sanitaria se limitan en este caso a cumplir con la normativa en vigor, el uso de mascarillas y la distancia social establecida.