Hoy, 3 de marzo, se cumplen 45 años de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, cuando una asamblea pacífica de trabajadores en el interior de la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga, realizada con el permiso de su párroco, fue desalojada por la policía con gases y tiros de bala. Unos sucesos que, sumados a los de Basauri y Tarragona derivados del 3 de marzo, se saldaron con 7 trabajadores asesinados a tiros (5 en Vitoria, 1 en Basauri y 1 en Tarragona). Unos hechos sobre los que hace 5 años, en el propio Senado, se pedía reparación y reconocimiento para las víctimas, como puede observarse en las preguntas registradas el 23 de diciembre de 2016 por el senador de Compromís, Carles Mulet, a instancias de CCRL, con registro de entrada en el Senado 13643 y 13644, con los expedientes aparejados 684/7378 y 684/7379.

Por su parte, el 5 de diciembre de 2016 en las Cortes de Castilla y León, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) se solicitaba también la reparación y reconocimiento de las víctimas de los sucesos de Vitoria, Basauri y Tarragona de marzo de 1976, recordando a dicha cámara que "entre las víctimas mortales registradas en dichos sucesos se contabilizaban dos leoneses, José Castillo García (de Morasverdes) y Vicente Antón Ferrero (de San Martín de Tábara), fallecidos en Vitoria el primero y en Basauri el segundo, que fueron asesinados a tiros", además de otra víctima en la provincia de Burgos, vecino de Salazar de Amaya, asesinado también en Vitoria.

Sin embargo, dichas preguntas fueron respondidas por el Gobierno desechando la posibilidad de reconocer como víctimas de terrorismo a los asesinados del 3 de marzo de 1976, al considerar que el ámbito de la Ley 29/2011 no les era de aplicación, señalando además que desde el Gobierno "no se dispone de datos respecto a los actos de Basauri y Tarragona", aunque reconociendo que si no les era de aplicación el reconocimiento como víctimas de terrorismo, se trataría de "otro tipo de víctimas de la violencia que también merecen una reparación".

En respuesta a esta pregunta, que nació fruto del trabajo conjunto de Unión del Pueblo Leonés (UPL) y el Colectivo Ciudadanos del Reino de León (CCRL), la Junta de Castilla y León señaló en su respuesta, recogida en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León del 20 de marzo de 2017 (véanse las páginas 27843 y 27844) que "El Gobierno de España ya ha sido instado a reconocer el estatus de víctima del terrorismo para las víctimas del 3 de marzo de 1976", si bien no parece que haya habido avances por parte del Gobierno central de cara a realizar dicho reconocimiento.

Y todo ello, pese a que el número de víctimas por los mencionados sucesos fue de siete muertos y un centenar de hospitalizados en total, la mayoría por heridas de bala, pese a lo cual en España aún no se ha llevado a cabo una investigación ni ha habido un juicio para aclarar estos hechos y depurar posibles responsabilidades sobre ellos. Cabe recordar, no obstante, que sobre este asunto quien fuera presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Fabián Salvioli, declaró que "juzgar a los culpables del 3 de marzo es una exigencia ética y jurídica para España".

Por otro lado, no hay que olvidar que en España se ha sufrido profunda y duramente el desgarro del terrorismo, siendo en este caso unos actos imputables como terrorismo de Estado, pero terrorismo al fin y al cabo, detrás de cuyas víctimas hay familias que sufren sus consecuencias, habiendo dejado los asesinatos del 3 de marzo de 1976 a varios niños y niñas sin padres. Sin embargo, pese a ser asesinados, no han tenido un reconocimiento o reparación por parte del Estado.

En este sentido, no hay que olvidar que el Parlamento Vasco aprobó por unanimidad, el 3 de marzo de 2016, una declaración institucional en la que se denunciaba la inacción de la justicia en este asunto, demandando que "asuma la normativa internacional sobre derechos humanos y, en consecuencia, proceda a investigar aquellos terribles hechos de modo que se establezcan las responsabilidades penales que puedan derivarse". En el mismo sentido, el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y las Juntas Generales de Álava aprobaron sendas declaraciones con el mismo trasfondo en sus sesiones del 18 de marzo y del 27 de abril de 2016 respectivamente.

En esta misma línea, desde Unión del Pueblo Leonés se defendía el 5 de diciembre de 2016 en las Cortes de Castilla y León la necesidad de que las autoridades estatales hiciesen un reconocimiento, reparación, rehabilitación e indemnización a las víctimas de Vitoria, Basauri y Tarragona de 1976.

Por todo ello, y ante la falta de avances por parte del Estado de cara al reconocimiento y reparación de las víctimas de los sucesos de marzo de 1976, el senador Carles Mulet, a instancias del Colectivo Ciudadanos del Reino de León (CCRL), y coincidiendo simbólicamente con el 45º aniversario de dichos sucesos, ha registrado en el Senado las siguientes preguntas para su respuesta por parte del Gobierno:

1.- ¿Tiene pensado el Estado abrir un proceso de investigación para esclarecer los sucesos de marzo de 1976 en Vitoria, Basauri y Tarragona?

2.- ¿Tiene pensado el Estado reconocer el estatus de 'víctimas del terrorismo' o 'víctimas de la dictadura' para las víctimas de Vitoria, Basauri y Tarragona de 1976?

3.- ¿Va a realizar el Gobierno, teniendo en cuenta que reconoció en respuesta oficial en el Senado en 2016 que las víctimas de los sucesos de marzo de 1976 "merecen una reparación", algún tipo de reconocimiento u homenaje a los trabajadores asesinados en los mismos?

4.- ¿Qué valoración ha hecho el Gobierno de España de la instancia trasladada que señalaba la Junta de Castilla y León en las Cortes de su comunidad autónoma, al afirmar que "El Gobierno de España ya ha sido instado a reconocer el estatus de víctima del terrorismo para las víctimas del 3 de marzo de 1976"?

5.- ¿Qué ha hecho el Gobierno de España hasta la fecha para llevar a cabo un reconocimiento, reparación, rehabilitación e indemnización a las víctimas de Vitoria, Basauri y Tarragona de marzo de 1976?