Comisiones Obreras ha convocado una huelga del personal no policial en 22 oficinas de Castilla y León, que comenzará mañana y se mantendrá, al menos, durante los dos próximos meses, para denunciar la situación del colectivo tras sufrir "reiterados incumplimientos de los acuerdos firmados en la Administración General del Estado y vulneraciones de sus derechos laborales".

Lamentaron el "desprecio de la Dirección General de Policía por el diálogo, al no haber convocado siquiera al comité de huelga", donde los paros tendrán especial incidencia en los servicios de documentación, DNI, pasaporte y extranjería. “No es tolerable que una de cada tres plazas se encuentre vacante en la Comunidad, y se cubran esos puestos con personal policial, cuya vocación y formación no es el trabajo administrativo”, denunció el secretario general de CCOO en Interior, Fernando García.

“Esta falta de personal no policial tiene una influencia directa en la falta de prestación de servicios públicos en Castilla y León. En estos momentos es urgente cubrir las 89 vacantes que existen, y que los agentes puedan retornar a sus funciones policiales, como la seguridad ciudadana”. Según cifras que aporta el sindicato, esto supone, además, un coste anual superior a los 25 millones de euros, aclaró.

En ese sentido, la provincia más deficitaria de toda la Comunidad es Ávila, con la mitad de las plazas sin cubrir, lo que supone ocho vacantes de personal no policial. No obstante, todas las provincias superan el 20 por ciento de puestos libres, excepto Soria con el 16 por ciento, desgranó. Además, se suma "la falta de reclasificación de un importante número de plazas, los recortes a la movilidad y la privatización de funciones que viene realizando el personal laboral, al ser elementos en los que también una parte de la responsabilidad recae en la pasividad del Ministerio del Interior”.

CCOO señaló la "vulneración de derechos laborales", como el horario de presencia fija en el puesto, el disfrute de permisos relacionados con la conciliación, “como los de nacimiento, adopción y reducción de jornada”, o la negación sistemática del acceso a la formación del personal no policial.

García trasladó que “han detectado que determinados mandos policiales están amedrentando al personal no policial, apuntando a que la convocatoria de huelga sería ilegal y amenazando con la apertura de expedientes disciplinarios por falta muy grave por abandono del servicio”. Y es que, "en diferentes unidades se están pasando listados para que las personas que van a unirse a los paros lo comuniquen por adelantado", por lo que estas cuestiones se han trasladado al gabinete jurídico para estudiar las acciones pertinentes, aseveró.