Ángel Ibáñez, consejero de la presidencia de la Junta de Castilla y León, ha asegurado en la mañana de hoy y en el Palacio de Pimentel de la Diputación de Valladolid, que la Junta de Castilla y León está “plenamente comprometida” con la reducción de la temporalidad en la administración pública y ha reclamado al Gobierno de España su implicación con el fin de desarrollar una propuesta de regulación de los aspectos relacionados con la temporalidad en el Estatuto Básico del Empleado Público.

“Llevamos insistiendo tiempo en  que tiene que ser el Gobierno el que regule la temporalidad en el estatuto básico del Empleado Público. Creemos que no puede ser que la voluntad de las autonomías resuelva este problema de 17 formas distintas. Este abuso de la temporalidad afecta a muchas familias”, ha afirmado Ibáñez.

Tras la firma del convenio con la Diputación de Valladolid para que los municipios de menos de 1.000 habitantes de la provincia gestionen 1,1 millones en la lucha contra la COVID-19, el consejero de la presidencia ha asegurado que la temporalidad en la administración pública “supera los límites de lo razonable” y ha apuntado que la Junta ha solicitado, en varias ocasiones, una reunión con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para solucionar el problema.

Ibañez ha apuntado además que la Junta cuenta con una estrategia que buscará el consenso con las organizaciones sindicales y a la que habrá que dar un rango de ley al existir un procedimiento excepcional.

“Son condicionantes que esperamos que sean desatascados con la necesaria participación del Gobierno de España”, ha finalizado.