V.A.

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, que dirige el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, elabora “el esqueleto” de la futura ley de Dinamización Demográfica de la Comunidad de Castilla y León, una de las normas más importantes de las comprometidas por la Junta en esta legislatura, cuyo reto es atraer, incrementar o fijar población.

En este mandato, la Junta decidió reorientar su política demográfica, tras la “fallida Agenda de la Población 2010-2020, con cambios organizativos y normativos, como dar rango de ley con un proyecto trasversal a todas las acciones destinadas a combatir uno de los principales problemas de la Comunidad, como es la pérdida de población.

Se ha dado el primer paso para contar con la nueva ley, mediante la consulta pública en el Portal del Gobierno Abierto. Han sido una treintena las aportaciones recibidas, menos de las que les hubiera “gustado”, reconoció el director general de Ordenación del Territorio y Planificación, Antonio Calonge, en declaraciones a Ical, en las que anima a colectivos y plataforma a hacer sus propuestas, ya que la interlocución y “las puertas están abiertas” por parte de la Consejería.

Calonge prefiere no poner una fecha para contar con el anteproyecto, que se abrirá después a la participación ciudadana, en un proceso en el que, eso sí, espera una mayor presencia de propuestas de colectivos y plataformas. “Las ideas se recogen, ninguno tiene la solución, y todos coincidimos en lo mismo”, argumenta, convencido de que “24 ojos ven más que dos”.

Una vez cerrada la primera fase de consulta pública, se abre el trabajo interno con las consejerías, porque, como recuerda el director general, se trata de una normativa transversal que afecta a todos los departamentos de la Junta y cada uno de ellos debe plasmar “negro sobre blanco sus líneas de acción”.

Hasta que las propuestas de cada consejería tengan un contenido en el anteproyecto pasará un tiempo que Calonge no se atreve a cuantificar, aunque subraya que todas las ideas y aportaciones que realicen tanto los departamentos de la Junta como los colectivos y plataforma se estudiarán y compartirán. “Las puertas están abiertas”, refiere donde incluye todos los canales de comunicación.

El pasado mes de julio el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, encargó las políticas de impulso demográfico y la Agenda de la Despoblación, que antes estaba en Empleo en Industria, a la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.

Evaluación

Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) estiman una pérdida de 239.000 habitantes en Castilla y León en los próximos 15 años, ya que se pasaría de 2.401.230 habitantes a 1 de enero de 2020 hasta 2.162.176 a 1 de enero de 2035 (-9,96 por ciento). En ese periodo, la población decrecerá en todas las provincias, en especial en Zamora, León, Palencia y Salamanca y en menor medida en Ávila, Burgos y Segovia. Pero ninguna se librará, tampoco Valladolid.

Estos datos y el resultado de la Agenda de la Población puesta en marcha por el anterior Gobierno en solitario del Partido Popular, cuya evaluación se realiza en estos momentos y será presentada en las Cortes por Francisco Igea, determinaron al equipo del vicepresidente a dar un giro a las políticas demográficas.

Con la intención de revertir o, cuando menos, mitigar estas proyecciones, la Junta cree “preciso” una regulación en materia de dinamización demográfica con el objetivo de fijar, integrar, incrementar y atraer población, garantizando la igualdad, de acuerdo con la ordenación territorial, en el acceso a los servicios básicos y las oportunidades de todos los ciudadanos.

Durante su paso por la consulta pública en el Portal del Gobierno Abierto, la futura norma ha recabado una treintena de propuestas, entre ellas las del colectivo de Jóvenes de Castilla y León, presentadas públicamente y también en una reunión telemática con el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y el director general de Ordenación Territorial, Antonio Calonge.

Conexión a Internet estable, buenas comunicaciones por carretera, con la conclusión de las autovías, y por ferrocarril, empleo, impulso del teletrabajo y servicios básicos de calidad son las algunas de las propuestas que se han hecho hueco entre las personas y colectivos en la fase de la consulta pública, cerrada el pasado 4 de febrero.