El presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, ha instado a la Junta a que resuelva "de una vez por todas" los procesos de ofertas de empleo y de adjudicación de plazas pendientes desde 2018, que "tantos perjuicios personales, económicos y familiares están causando a las personas que esperan ocupar alguna de esas plazas, así como los enormes trastornos que provocan a las plantillas, muy debilitadas, escasas y estresadas".

En la apertura de la oficina de CSIF de Sanidad en Ávila, el responsable del sindicato en la Comunidad ha señalado que las plazas pendientes de adjudicar son en total 3.949, que "ayudarán" a resolver los actuales problemas que hay con las bolsas de empleo, "porque están vacías", y de interinidad, que alcanza el 30 por ciento.

CSIF exige que la Junta "ponga en marcha todos los recursos necesarios, como los servicios jurídicos, para que la tramitación y la conclusión de todas las resoluciones o reclamaciones pendientes se resuelvan cuanto antes".

Los exámenes de la convocatoria de fisioterapeutas, celadores, auxiliares administrativos, técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería (TCAEs) y enfermeras se realizaron en el primer semestre del año 2019 y los de operarios de servicios, TEL y TER en los meses de septiembre y octubre de ese mismo año.

"Sin embargo, a fecha de hoy, ninguno de estos procesos ha concluido, a pesar de la necesidad de personal de Sacyl, desde el principio de la pandemia", ha dicho a Castro, quien ha añadido que entiende "la desesperación e indignación de todos estos profesionales que están esperando y queremos apoyarles".

Por otra parte, el presidente autonómico de CSIF ha reclamado una información clara de las diferentes vacunas y protocolos de vacunación de los trabajadores de Sacyl, pidiendo "el trato correcto que merece todo el personal de Sanidad, algo que la Junta no ha respetado", lo que ha llevado a presentar el miércoles una demanda contra el "decretazo sanitario en el Tribunal Supremo, en la que se solicita su anulación".

Benjamín Castro ha asegurado que van "a por todas" y siguen adelante con la demanda por el compromiso que tienen con los 40.000 trabajadores de Sacyl y queiren demostrar a la Junta, con una sentencia, "que no puede trasgredir caprichosamente los derechos de los empleados de Sanidad".

"No puede imponer arbitrariamente, y en contra de la legalidad, una reorganización y una movilidad que está tapando las deficiencias y la falta de personal de la gestión sanitaria de la Comunidad", ha aseverado.