Los sindicatos ACAIP-UGT han remitido un escrito a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, donde reclaman al Gobierno regional que se verifique si a todos o a algunos de los trabajadores del Centro Penitenciario de Topas, en Salamanca, les fueron administradas dosis del lote ABV5300, que se está investigando en toda Europa tras haberse notificado reacciones adversas en diversos pacientes (la Junta notificó ayer mismo a la Agencia del Medicamento que un paciente del Hospital Clínico de Valladolid presenta encefalitis y se encuentra estable en planta, mientras que otro sufrió un ictus y ya ha recibido el alta), y “si así fuera se comunique a los afectados y se establezca un protocolo de seguimiento por si pudieran darse efectos secundarios graves”. 

Según ha podido constatar Ical, cualquier persona que haya recibido ya alguna dosis de la vacuna contra el COVID-19 puede confirmar por sí misma a través de la aplicación de Sacyl para móviles a qué lote pertenecía la dosis que le han administrado.

“A los empleados del Centro Penitenciario de Topas menores de 55 años les fue administrada el pasado día 1 de marzo la primera dosis de esta vacuna y al parecer algunos del lote citado anteriormente”, advierten en el comunicado, recogido por Ical.