Denuncian ciberacoso contra los empleados del SEPE de Valladolid
“No se han hecho esperar, en los comentarios de los medios digitales, frases como que ya no hace falta ni que acudan los empleados públicos al trabajo, o que es una buena forma de ampliar las vacaciones de Semana Santa”, lamenta CSIF, “cuando ese ataque informático supone un duro revés para los trabajadores, que tienen muchas más dificultades, y necesitan más esfuerzo para realizar sus tareas y atender a los ciudadanos”.
“Circulan por las redes bromas y burlas de menosprecio al trabajo de unos empleados públicos que están desbordados por el trabajo, y que lo están dando todo en esta crisis social y económica que ha provocado la pandemia, a pesar de que el personal es muy insuficiente”, insiste CSIF.
La plantilla del SEPE en Valladolid está formada por 73 trabajadores, teniendo 19 vacantes en estos momentos. Con estos efectivos, han tenido que afrontar un aumento en la tramitación de expedientes del 700%, lo que ha requerido un esfuerzo titánico para resolver con prontitud los expedientes de los que dependen económicamente trabajadores y empresas, afirma CSIF.
Hasta que se ha producido el ataque informático, se había conseguido dar cita a los usuarios en la misma semana de petición, y sólo había retraso en los expedientes de ERTES, en los que las empresas habían mandado mal los ficheros de datos.
Todas estas gestiones no se realizan simplemente pulsando un ‘botón’, sino “que requieren del trabajo meticuloso y conocimiento de unos empleados públicos, que no quieren que se les aplauda, pero que tampoco se merecen el ataque continuo que reciben, cuando además están realizando el mayor de los esfuerzos posibles, porque saben que detrás de sus tramitaciones hay personas y familias que lo están pasando mal”, indica el sindicato independiente.
CSIF Valladolid remarca que las plantillas de todas las administraciones están mermadas, y su media de edad es muy alta. Si no se elimina la tasa de reposición y se dota de medios económicos y materiales suficientes, las plantillas de los servicios públicos peligran, en un horizonte de unos cinco años. No sobra ni un empleado en el sector público, colectivo que -al contrario de lo que cabe pensar, sufre una temporalidad laboral -ahora- del 29,9% frente al 20,7% en general.