La Fiscalía mantuvo hoy sus peticiones de penas para el policía nacional jubilado que en 2018 mató a su mujer de un disparo en Astorga e hirió al vecino de ambos y añadió el agravante de género, por un delito de asesinato consumado por el que solicita una pena de 25 años de cárcel y siete años y seis meses por uno de asesinato en grado de tentativa sobre el hombre que sobrevivió al suceso. Las acusaciones elevan la solicitud total a 34 y seis meses de prisión.

“Disparó para matar en ambos casos y no en un forcejeo, como sostiene. Quería hacer justicia a su manera. Su intención era clara”. Son afirmaciones que hizo hoy la fiscal en la exposición de conclusiones durante el juicio contra el policía nacional de Astorga, Ángel A.A., que en 2018 mató a su mujer, María Isabel Alonso, e hirió a un vecino, J.M. G., en las que sumó el agravante de género al de parentesco que ya mantenía para el delito de asesinato que le atribuye.

Las pruebas, argumentó, demuestran la culpabilidad del acusado. “Los datos excluyen que tanto el forcejeo que relata como que el disparo fuese accidental no pudo ocurrir, dada la distancia a la que quedó demostrado que se produjo”, añadió.

“Estaban separados, la víctima hizo un gesto reflejo e inútil de defensa ante un arma de fuego y el disparo se dirigió a la cabeza; una zona vital. Por tanto, cuando apretó el gatillo quería matarla y sabía que iba a acertar. Era policía nacional y cazador”, añadió la fiscal y recordó que la víctima recibió al menos diez golpes previos antes de morir “que se los dio para arrebatarle el teléfono móvil”. También ve una intención clara de acabar con la vida del vecino con el que la mujer mantenía una relación y al que apuntó al pecho.

La acusación particular, que representa al vecino, recordó que el acusado anunció la intención de matar al vecino después de decirle que su esposa ya había confesado y estaba muerta. “Quería matar y lo consiguió y quería matar y no lo consiguió en el segundo caso”, añadió. “Era plenamente consciente. Ni siquiera está arrepentido dos años y pico después. Es una persona que sabía lo que hacía y quiso hacer lo que hizo”, añadió.

La acusación mantuvo sus conclusiones y las elevó a definitivas, con una solicitud de penas para el acusado de 22 años y medio de cárcel por un delito de asesinato, con alevosía y el agravante de género y parentesco y 12 años por un delito asesinato con alevosía en grado de tentativa.

“Tenía derecho a su libertad y a decidir sobre su propia vida. La mataron porque decidió libremente sobre su vida. Estaba sometida”, le dijo a los miembros del jurado el letrado de la asociación Clara Campoamor, que representa los intereses de la difunta.

Respecto a la mujer, recordó que “la mano estaba colocada en la cara cuando recibió el disparo y eso solo se explica porque ella sabía que la iban a disparar” y sobre el vecino comentó que intentó defenderse “y sobrevivió porque el acusado falló el tiro”.

“Cuando mata a María Isabel lo hace porque le ha sido infiel. Si no está con él, no está con nadie. A Jesús le intenta matar porque le ha robado algo suyo. No ha mostrado un verdadero arrepentimiento y he visto en él la tranquilidad del deber cumplido”, añadió.

La defensa sostuvo su convencimiento de que los hechos no sucedieron tal y como relataron las acusaciones y que el acusado no tuvo intención de matar y sufrió una ofuscación mental “que le impedía conocer lo que estaba haciendo” y supondría una eximente total.

“Su imprudencia fue tener el dedo en el gatillo y al rechazarla a ella se produjo un disparo accidental. No tenía intención de matar”, argumentó la defensa sobre el forcejeo que habrían mantenido la víctima y su marido cuando éste le arrebató el teléfono móvil para ver los mensajes que ella había recibido y añadió que el acusado “no fue consciente de haber apretado el gatillo”.

También aludió a la actitud colaboradora del acusado y reiteró, ratificando sus conclusiones iniciales, que los dos disparos que hizo su cliente, el que acabó con la vida de María Isabel y el que hirió al vecino, fueron accidentales, por lo que mantuvo su solicitud de absolución.

El acusado renunció a su derecho a pronunciar la última palabra en el juicio oral que el magistrado dio por concluido. Los miembros del jurado recibirán el lunes el cuestionario sobre el que tendrán que pronunciar un veredicto.