La normativa que está ultimando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dirigido por Teresa Ribera obligará a los municipios a realizar un inventario, antes de diciembre de 2022, de todos los edificios que hayan utilizado amianto ('uralitas') en su construcción.

El senador leonés Antonio Silván, ante el inminente anuncio gubernamental, elaboró una serie de preguntas que ha registrado la semana pasada en la Cámara Alta sobre la eliminación del amianto de los edificios. La nueva Ley de residuos y Suelo Contaminado fija en diciembre de 2022 como fecha límite para que los ayuntamientos realicen el inventario de los edificios con presencia de 'uralitas'.

Antonio Silván pide al Gobierno que ponga en marcha un plan coordinado con comunidades, ayuntamientos y propietarios para eliminar este material tóxico; la utilización de fondos europeos para ayudar a la retirada y coordinarse con la FEMP para afrontar todo este proceso.

Los tejados de fibrocemento, material conocido por el nombre comercial de 'uralita', son aún visibles en muchas edificaciones de la ciudad. La legislación española contempla sustituir estos materiales al final de su vida útil por la peligrosidad que supone la presencia de amianto/asbesto al desprenderse. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y otros estudios de especialistas en el sector de materiales estiman esta vida útil entre los 25 y 35 años de media. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cada año en Europa se diagnostican entre 20.000 y 30.000 nuevos casos de enfermedades relacionadas con el amianto.

La puesta en marcha de medidas contra este material es una reivindicación de un amplio grupo de colectivos, como la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, la Asociación Española contra el Cáncer, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Ecologistas en Acción, que se han unido para solicitar una ley integral contra el amianto.