El sistema 'Quijote' utilizado por la Guardia Civil contra la pornografía infantil fue el que dirigió las pesquisas contra un usuario de Valladolid para el que la Fiscalía vallisoletana ha mantenido este miércoles su petición de siete años de cárcel por la producción y distribución de "durísimos" archivos a lo largo de 2016.
La vista oral del juicio se ha celebrado en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial, donde el encausado, L.P, de origen francés y programador informático especializado en el sector automovilístico, ha mantenido su inocencia--su abogado ha pedido un fallo absolutorio--tras alegar, en declaraciones recogidas por Europa Press, que los archivos ocupados por la Guardia Civil se los descargó accidentalmente al bajarse películas infantiles para su hijo.
Sin embargo, su versión exculpatoria no ha sido atendida por la fiscal jefe, quien le ha preguntado, sin obtener una contestación razonable, por qué si esas descargas fueron accidentales da la casualidad de que el noventa por ciento del material tan solo contenía pornografía infantil y prácticamente nada de contenido adulto.
La detención del presunto pedófilo se produjo cuando la aplicación 'Quijote' utilizada por la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, con base en Madrid, detectó la descarga de 85 archivos de contenido pedófilo efectuados desde una IP utilizada por un usuario en Valladolid.
Violaciones de niñas pequeñas
Fue entonces cuando se inició la investigación a cargo del Juzgado de Instrucción 3 que culminó con la entrada y registro en el domicilio del presunto responsable, al que se incautaron tres ordenadores, cuatro pendrive y cinco discos duros, dispositivos en los que, una vez analizados, se certificaron hasta 640 descargas de archivos pedófilos que, a su vez, habían sido compartidos, siempre según mantiene la acusación pública apoyada en la pericial ofrecida por el Instituto Armado.
El material fue descubierto a pesar de que, tal y como ha advertido uno de los peritos de la Guardia Civil, el usuario había reinstalado el sistema operativo un mes antes del registro, entre los días 15 y 20 de octubre de 206, práctica que, como así ha incidido el perito, "supone un intento de borrar cualquier rastro. Sin embargo, el acusado pasó por alto esos 640 archivos de imágenes y vídeos durísimos", en referencia a que recogían violaciones de niñas de muy corta edad que aparecían incluso con sangre.
La defensa, por su parte, ha solicitado de la sala una sentencia absolutoria, no sólo tras alegar la nulidad de todo lo actuado, ya que sostiene que la investigación se inició de forma errónea a partir de una IP de Elche, sino también por discrepancias con la pericial elaborada por la Guardia Civil y, fundamentalmente, porque las descargas registradas de su cliente con contenido pedófilo pudo efectuarlas de forma no intencionada y las mismas no fueron compartidas con otros usuarios.
El defensor también ha presentado una pericial en la que el autor sostiene que a esa IP investigada se hallaban conectados hasta un total de 81 equipos o dispositivos, de forma que desde cualquiera de ellos se pudieron realizar esas descargas parciales de contenido pedófilo, sin que necesariamente fuera el encausado el autor de las mismas.