El juicio está previsto que se celebre los próximos días 29 y 30 de marzo en la Audiencia de Valladolid, donde la acusación pública acude con la referida pena privativa de libertad para ambos encausados por un delito de tráfico de drogas y otro relativo a la prostitución y, amén de los nueve años y medio de privación de libertad, solicita a cada uno el pago de multas por importe de 1.400 euros y en el caso del varón, a mayores, su inhabilitación por espacio de cinco años para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con la hostelería.

Su detención se produjo el 11 de julio de 2019 como colofón de las pesquisas iniciadas meses antes cuando dos mujeres que ejercían la prostitución en el club de alterne 'Venus de Nilo', sito en la calle Galatea, denunciaron al encargado del local y a su pareja porque no cumplía las condiciones laborales pactadas.

Los detenidos cobraban a los clientes los servicios que prestaban las mujeres en las habitaciones del club, al cierre del local, y entregaban a las chicas una parte del dinero que ellas habían ganado, si bien muchas noches no les pagaban nada con el pretexto de que tenían que cubrir unos gastos, entre ellos no solo la manutención y alojamiento sino también el cambio de sábanas después de cada servicio sexual.

Viajes a Madrid a por droga

La acusación no solo les imputa un delito relativo a la prostitución sino también otro de tráfico de drogas. Y es que todas las semanas, tal y como sostiene el fiscal del caso, Juan Carlos A.S. se desplazaba a Madrid para adquirir cocaína en forma de roca, regresaba a su domicilio para realizar la mezcla y distribuirla en dosis de medio o un gramo listas para su consumo, mientras que su pareja se encargaba de su venta en el local, contando con la participación 'obligada' de las mujeres que trabajan en él.

Tras los 'pinchazos' telefónicos practicados a la pareja, finalmente el 11 de julio de 2019 se produjeron los registros en el domicilio de ésta y en el propio local, donde la policía se incautó de distintas cantidades de cocaína por valor de unos 300 euros e identificó a cinco mujeres que podían estar siendo sometidas a explotación sexual y se les informó sobre los recursos sociales con los que podían contar para recibir ayuda y dejar la prostitución.

La detención fue realizada por agentes del Grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial y del Grupo de Extranjería y Fronteras (UCRIF).