La Junta de Castilla y León ha publicado en el Bocyl de este jueves la Orden PRE/324/2021, de 18 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que le obliga a abrir proceso para tramitar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario adscrito a la Administración regional.

La publicación se produce un año después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ declarara nulos de pleno derecho diversos acuerdos, decretos y resoluciones de la Junta correspondientes a la tramitación de la RPT del personal funcionario, en respuesta al recurso contencioso administrativo que dio la razón al Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Castilla y León.

"Esperamos que de forma inmediata la Junta inicie un proceso transparente, igualitario y conforme a la legalidad, para definir una nueva RPT que cuente con la participación de los colegios profesionales y se adapte a la realidad de las necesidades de gestión en la Administración Regional; asimismo esperamos que se pueda paliar en parte el perjuicio ocasionado a decenas de profesionales de la Ingeniería Civil, que llevan más de 20 años en su puesto de trabajo en esa Administración", ha declarado el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Castilla y León, Óscar Sánchez Morán.

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es un instrumento sobre el que las administraciones públicas diseñan su estructura de personal para adecuarla a las necesidades del servicio público, siendo esta RPT la base para convocar procesos de oposiciones y concursos de traslados.

"La Junta convocó un concurso de traslados basado en un catálogo de puestos y una RPT que no cumplían los requisitos legales exigibles y además no era acorde a las funciones que la ley otorga a nuestra profesión, lo que ha afectado a la competitividad y a los principios básicos de la función pública de mérito, capacidad, e igualdad", ha recordado Óscar Sánchez Morán.

Con la publicación de la sentencia por el BOCYL, finaliza un proceso de más de cuatro años en los que la asesoría jurídica del Colegio, junto a los representantes de la zona de Castilla y León Occidental, ha estado realizado diversas acciones para que la Junta restaurase la legalidad, después de que en 2018 planteó un concurso de traslados, tras aprobar una RPT "obsoleta que obviaba las titulaciones universitarias establecidas en Bolonia, perjudicaba injustificadamente los intereses de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas e incumplía el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)".

A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ya había anulado en una sentencia anterior sobre el catálogo de puestos tipo de personal funcionario (del 31 de agosto de 2017), la Junta de Castilla y León se basó en esta RPT para el concurso de traslados abierto y permanente y para decidir las plazas que se incluyen en la oferta de empleo público de 2018.

El ámbito de aplicación afectó a unos 15.000 empleados públicos de los alrededor de 87.000 que dependen de la Administración autonómica.