Miriam Badiola / ICAL
“No sé por qué no están aquí el director general, el director facultativo, ni el director de planificación, que era quien desarrollaba los proyectos, que son los que tienen que estar imputados si hubiera algo, que yo no sé si lo hay, y tampoco está el administrador a partir de 2009, cuando yo dejé el puesto”, aseguró hoy Victorino Alonso, quien afirmó: "Todo lo que puedo contar de Nueva Julia es lo que leí y pregunté en 2011 para declarar ante el Juzgado de Villablino”.
Así lo apuntó este lunes el empresario minero en la Audiencia Provincial de León, donde se le juzga, en calidad de presidente, gerente, accionista mayoritario y administrador de la sociedad Minero Siderúrgica de Ponferrada y su sucesora Coto Minero Cantábrico, junto al fuera jefe de la explotación minera hasta el año 2010, Manuel Santamaría. A ambos se les juzga por un delito contra el medio ambiente por la explotación minera de carbón a cielo abierto mediante la construcción de una cantera en los parajes conocidos como Nueva Julia y La Mora, situados en el término municipal de Cabrillanes.
Alonso explicó, preguntado por la Fiscalía sobre la presunta falta de restauración de más de un centenar de las hectáreas, que “una explotación a cielo abierto consiste en un hueco inicial que se auto rellena y auto restaura anualmente”, así que “imagino que en el momento en que se paró la tarea, llevaba el índice de restauración habitual es estas cortas y el aprobado por la Junta de Castilla y León”.
“Cuando la explotación se paró -prosiguió el empresario minero- las cosas quedaron como estaban, mientras que si se hubiera seguido avanzando el coste de restauración es muy pequeño, pero si se para sin acabar el proyecto todas las tierras que iban auto rellenándose quedan quietas y el presupuesto de restauración es mil vece superior”. No obstante, consideró “absolutamente imposible” que la restauración tan solo se hubiera producido a una hectárea y señaló que “tiene que haber algún error”.
En cuanto a la desviación de 15 hectáreas de la explotación conocida como Nueva Julia-La Mora y que tomó terrenos del Ayuntamiento de Villablino sin solicitar las autorizaciones correspondientes, Victorino Alonso matizó que “suponía un tres por ciento, algo que es una insignificancia”, porque “15 hectáreas en el medio de la Castellana es mucho terreno, pero en el medio rural es una superficie muy pequeña”.
Por su parte, el que fuera jefe de explotación de la cantera Nueva Julia hasta el año 2010, Manuel Santamaría, detalló que su función era “dirigir las máquinas donde me mandan”, pero “no decido dónde se explota o dónde no, no puedo excederme de mis funciones”, ya que “por encima estaban el director facultativo, en el de la explotación y el director general”.
Durante su trabajo en Nueva Julia, el acusado aseguró no haber percibido “nada raro” dentro de la actividad en una explotación “grande” en la que “conforme se iba explotando se iba restaurando”. Santamaría confirmó además que dentro de la explotación “había escombreras previas” y que, debido a ello, “la gente de la zona decía que era un paisaje lunar porque había explotaciones anteriores que se habían dejado sin restaurar”.
El jefe de la explotación puso de relieve que “cada un mes o dos meses acudía un actuario de la Junta a verificar las labores y nunca hubo ninguna orden de paralización”, sino que “estaban muy satisfechos con los trabajos que estábamos haciendo” y “pensaban que eran unas restauraciones muy bien hechas”.
Respecto al exceso de hectáreas del Ayuntamiento de Villablino, Santamaría dijo que “en la zona ya había excavaciones no restauradas y estaba lleno de simas y cortes porque todo se había aprovechado ya en interior”, por lo que “lo único que se podía hacer era un saneamiento de la zona”.
“No sé de qué daños contra el medio ambiente hablan, lo que éramos conscientes es de que estábamos haciendo un beneficio para el pueblo”, concluyó el acusado.
Ocho años de prisión
Según el escrito de acusación elaborado por la Fiscalía del Área de Ponferrada, la actividad de MSP y CMC en la zona de Nueva Julia-La Mora se desarrollaba “de manera plenamente consciente y deliberada, sin tener en cuenta las disposiciones de la Declaración de Impacto Ambiental en vigor”, a lo que se sumó la utilización de terrenos del Ayuntamiento de Villablino “sin contar con autorización legal ni licencia”.
La Fiscalía sostiene que la actividad desarrollada por MSP y su sucesora CMS en la zona “ha provocado una afectación gravísima para el medio ambiente y el entorno natural” en “ecosistemas fluviales y captaciones de agua, hábitats de interés comunitario y fauna”. Además, expuso que, una vez abandonada la explotación, “no se ha llevado a cabo actividad alguna de restauración ambiental en todo el conjunto de la mina a cielo abierto, ni en zonas de uso autorizado para la extracción ni en zonas de restauración ni en zonas fuera de uso de la explotación”, haciendo además “caso omiso a las disposiciones legales y normativas medioambientales existentes en la materia”.
Unos hechos constituyentes, para la Fiscalía, de “un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente” por el que se reafirmó en la solicitud de ocho años de prisión, 30 meses de multa con una cuota diaria de 25 euros y la inhabilitación especial para el ejercicio de labores en la administración, dirección o gerencia de cualquier empresa de extracción o tratamiento de minerales por un tiempo de seis años y nueve meses.
Asimismo, se deberá proceder a la restauración completa del daño ecológico y medioambiental ocasionado por MSP y CMC en la cantera que explotaban en la zona de Nueva Julia-La Mora conforme a los correspondientes proyectos de restauración integral de la zona a elaborar por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
Materia de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal fijó en 24.346.882 euros a los acusados en conceptos de gastos de restauración de la explotación, satisfechos los mismos al 75 por ciento por el Ministerio de Industria y el 25 por ciento restante por la Junta de Castilla y León.
Por su parte, el letrado del jefe de la explotación minera hasta el año 2010, Manuel Santamaría, solicitó la prescripción de los hechos en el caso de que fueran constitutivos de delito, ya que “acaecieron en 2009 y declaró por primera vez 2016, por lo que pasó el plazo para poder perseguirle en caso de que fuera constitutivo de delito”.