La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha detallado esta mañana en Valladolid las principales novedades de la futura ley reguladora del modelo de atención residencial para cuidados de larga duración en Castilla y León, coincidiendo con la publicación hoy mismo del borrador del anteproyecto en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta.

El objetivo último de esta norma es garantizar los derechos de las personas que viven en centros de carácter social públicos y privados, preservando su dignidad y su calidad de vida. Son más de 41.500 en la actualidad, si bien los patrones demográficos apuntan a que esta cifra se irá incrementando como consecuencia del envejecimiento de la población, la mayor esperanza de vida y la menor disponibilidad de apoyo informal.

El texto en el que viene trabajando el Gobierno autonómico desde hace diez meses, enriquecido con las aportaciones de los principales agentes implicados en la política social y abierto ahora a las sugerencias de la sociedad civil, se sustenta en tres principios fundamentales.

Los tres principios que sustentan el texto

El primero es asegurar la protección de los más vulnerables, abordando su atención desde un enfoque ético. Ello implica supeditar los cuidados asistenciales a la autodeterminación de las personas que los reciben, a sus expectativas y deseos, al fomento de los afectos y de las relaciones comunitarias, al bienestar emocional, a la inclusión social y al desarrollo personal. Se trata, en definitiva, de reconocer la dignidad de los mayores y respetar su proyecto de vida.

El segundo rasgo diferencial de esta norma es su apuesta por la modernidad y la innovación, al introducir mecanismos para promover y evaluar la calidad de los servicios residenciales a partir de estándares europeos. Esta medida constituye una oportunidad para favorecer alianzas, compartir conocimiento, pilotar experiencias y gestionar proyectos de forma conjunta entre los agentes del sistema, aprovechando la financiación europea.

En tercer lugar, Castilla y León se anticipa a las necesidades futuras con esta ley, que es pionera tanto por la regulación que efectúa sobre los cuidados a los mayores, como por los significativos cambios que introduce en su organización y funcionamiento.

Por un lado, implica consagrar el modelo de atención centrada en la persona –que ya venía inspirando las políticas sociales de la Junta en los últimos años– y abandonar definitivamente la concepción de los centros residenciales como espacios de asistencia sanitaria. Por otro, prepara estructuralmente los centros para hacer frente y minimizar los efectos de posibles pandemias. De hecho, la Comunidad se convertirá con esta norma en la primera autonomía en revisar el modelo de atención residencial tras la crisis de la COVID-19.

Una norma basada en consensos básicos y en la experiencia acumulada

El proceso de confección de esta normativa se ha basado en el diálogo y en la experiencia previa. El texto ha sido ampliamente debatido en el seno del grupo de trabajo constituido en el segundo semestre del año pasado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades e integrado por representantes del sector, los profesionales, las entidades locales, los usuarios, las organizaciones sindicales y patronales, los grupos parlamentarios y expertos en las diferentes materias abordadas.

Todos los interlocutores participantes han llegado a consensos básicos en torno a la importancia de la atención integral como eje del modelo; el diseño arquitectónico de los centros, que deben idearse como el hogar de los residentes y no como dependencias sanitarias; la oportunidad de contar con una plantilla suficiente y formada para mejorar la calidad de vida de los mayores, o la necesidad de que el sistema sanitario público garantice el acceso de los residentes a sus servicios en equidad con el resto de la población.

Otra de las características reseñables en el proceso de elaboración de la ley ha sido el aprovechamiento de la experiencia previa, propia y ajena. La Junta se ha basado en los positivos resultados del programa ‘En mi casa’, del que se benefician ya cerca de 2.000 personas, que ha evidenciado mejoras en la calidad de vida de los residentes –especialmente entre dependientes que presentaban deterioro cognitivo– y satisfacción entre familiares y profesionales.

También ha aplicado el conocimiento adquirido tras más de 40 años en la organización de los servicios residenciales en el ámbito de la discapacidad –que aconseja englobar bajo el mismo contexto la atención a los mayores y a las personas con discapacidad– y el bagaje de los países nórdicos en la implementación de este modelo.