La Audiencia de Valladolid celebra juicio desde este lunes contra un contable, Jorge H.S, bajo la acusación de haberse apoderado de un total de 188.000 euros de la empresa cuyas cuentas llevaba mediante pagarés al portador y reintegros, estos últimos efectuados en una entidad bancaria donde, con conocimiento de sus empleados, imitaba la firma del administrador tras asegurar que contaba con su permiso.

El juicio, en principio, está previsto que se desarrolle en la Sección Cuarta de lo Penal en un total de ocho sesiones, hasta el día 12 de mayo, y el banquillo lo ocupará el contable, quien, con carácter provisional, se enfrenta a una posible condena de siete años de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con otro continuado de estafa, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Además de la citada pena privativa de libertad, la acusación pública solicita una multa de 4.680 euros y, en concepto de responsabilidad civil, el pago de una indemnización de 108.090 euros en favor de la mercantil para la que trabajaba por el dinero obtenido a través del cobro de pagarés.

Como detalle curioso, del resto del dinero, hasta casi otros 80.000 que obtuvo a través de reintegros en efectivo, el acusador público considera responsable civil subsidiaria a la propia entidad bancaria, Unicaja Banco S.A, ya que los empleados sabían que el encausado imitaba la firma del administrador aunque creían, sin haberlo corroborado, que contaba con su autorización.

Los hechos se produjeron en una empresa de Medina del Campo, donde trabajó el procesado entre el 1 de septiembre de 2003 y el 6 de noviembre de 2015 en labores de llevanza de la contabilidad y de la facturación y, en general, del control de las cuestiones económicas, posición que le facilitó, presuntamente, el cobro, entre 2012 y 2015, de hasta un total de 108.000 euros mediante la emisión de pagarés al portador contra las cuentas que la mercantil tenía en el banco.

Para ello, siempre según el fiscal, imitó la firma del administrador, que ignoraba tal situación, mismo 'modus operandi' que habría realizado para el cobro de otros 80.000 euros vía reintegro, con la particularidad de que los empleados de la entidad bancaria eran conocedores de que el acusado simulaba la rúbrica del administrador en la creencia de que este último lo sabía pero, sin embargo, no hicieron gestión alguna para comprobarlo.

A posteriori del cobro de pagarés y extracciones de efectivo, el contable, para ocultar todas las ilícitas operaciones, imputaba en la contabilidad dichos cargos al pago de facturas inexistentes o ya pagadas, al dinero para la caja, a supuestos atrasos de seguros sociales, al supuesto pago de liquidaciones salariales o al ficticio abono de tasas.